El exdirector general de la CAM Roberto López Abad ha recurrido a un inspector del Banco de España en excedencia para que colabore en su defensa. El ejecutivo ha contratado los servicios de uno de los mayores especialistas en materia de regulación financiera del país, Rubén Manso, para que participe en la elaboración del informe pericial que debe determinar la veracidad de las irregularidades detectadas por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) en las que se basa la causa principal que se instruye en la Audiencia Nacional por la supuesta gestión delictiva de la entidad.
Aunque el citado informe se está elaborando a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y es el propio juez quien determina el contenido de la prueba a practicar, la legislación establece que los implicados puedan designar también a algunos de los peritos para evitar que sus resultados puedan ser tachados de parciales. En este caso serán tres los expertos que redactarán el documento: dos inspectores del Banco de España en activo y el que ha escogido -y paga de su bolsillo- López Abad, según confirmó ayer a este diario el propio Rubén Manso a través de su despacho.
Aunque varios de los imputados en la causa decidieron coordinar sus defensas hace algunos meses, Manso señaló que es el exdirector general el único que le ha contratado para participar en este trabajo.
El objeto de la prueba pericial es corroborar las acusaciones contenidas en el informe elaborado por PwC que supone la base de la causa y que, al estar encargado por el FROB, que es uno de los querellantes, puede ser tachado como un informe de parte. Dicho documento es el que denuncia, entre otras cosas, que las prejubilaciones que cobraron cinco exdirectivos de la entidad en el año 2011 -entre ellos el propio López Abad, que se embolsó 5,6 millones- no se ajustaban a las condiciones generales pactadas para el conjunto de los trabajadores.
Pensiones millonarias
Igualmente, pone de relieve la ilegalidad de la pensiones vitalicias millonarias que se autoadjudicaron los ejecutivos de la CAM y asegura que los directivos se repartieron incentivos sin cumplir con las condiciones impuestas por el consejo de administración. Además, también señala que se hincharon los beneficios de la caja mediante la titulización de créditos fallidos, lo que obligó a la entidad a abonar a la plantilla la paga de beneficios cuando, en realidad, estaba en pérdidas.
En total, la consultora cifraba en 25,8 millones de euros el perjuicio económico causado sólo con estas irregularidades -a las que habría que sumar las pérdidas ocasionadas por el entramado inmobiliario que tejió el exdirector general y que se investiga en una pieza separada-, la misma cantidad que el magistrado Javier Gómez Bermúdez decidió imponer a los cinco imputados en la causa: la exdirectora general María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo, el exdirector de Recursos Vicente Soriano, y el de Control y Auditoría Teófilo Sogorb.
Además de revisar estos hechos, el juez también quiere que los peritos evalúen el papel que jugó la auditora KPMG, que hasta la intervención de la CAM nunca puso una sola salvedad a la cuentas de la caja.
