Es "más negocio" para ingenieros y arquitectos pero "un nuevo impuesto para los propietarios" en opinión de los agentes de la propiedad inmobiliaria (API). El próximo 1 de junio entra en vigor el Real Decreto 235/2013, que obliga a que cada nuevo alquiler o venta de inmuebles incorpore un documento que informa con exactitud sobre el consumo de energía que requiere la vivienda y valora su eficiencia con siete calificaciones, que van desde la excelencia de la letra "A" hasta el elevado consumo que marca la "G".
Si bien los API no cuestionan su finalidad -"promover edificios de alta eficiencia energética, las inversiones en ahorro de energía (...) e informar de manera objetiva a los compradores y usuarios sobre sus características", como recoge el texto oficial-, la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad en Alicante, Marifé Esteso, considera que llega en un momento inoportuno: en plena fase de meseta de la crisis, en una provincia con un parque inmobiliario vasto y en gran medida envejecido y en plena caída de precios de alquiler. De ahí que entienda que "el propietario va a tener más gastos, más dificultad para vender o alquilar" y, en muchos casos, "la tentación de ocultar el alquiler a Hacienda para no perder dinero".
Este certificado debe adjuntarse obligatoriamente en cada renovación o nuevo contrato de arrendamiento que se produzca a partir del 1 de junio. Para obtenerlo, el propietario contrata a un técnico autorizado -exclusivamente arquitectos, aparejadores e ingenieros industriales superiores y técnicos- que mediante mediciones en el inmueble -cerramientos y calidad de los aislantes- y un software específico que elabora un informe donde indica la calificación de la vivienda según su gasto, el importe anual aproximado de las facturas de luz y gas y las reformas y medidas que debería incorporar para mejorar el ahorro, y por tanto, subir en la escala energética.
El certificado "para una vivienda normal, de 75 metros cuadrados, ronda los 140 euros", según la directora técnica de la empresa alicantina especializada en elaborar estos estudios AyE Certificaciones, Lorena González. La especialista explica que una vez el técnico lo registra en la Agencia Valenciana de la Energía -el organismo de la Generalitat que vela por el cumplimiento del decreto-, el certificado es oficial.
"No podemos publicitar ninguna casa si el propietario no lo tiene todavía, y los clientes, por ahora se lo están tomando mal: les cuesta pagar esas cantidades para algo sobre lo que no ha habido mucha información oficial", apunta Esteso. Además, añade, en Alicante, "donde hay muchas casas con 30, 40 o 50 años" de antigüedad, "difícilmente se va a pasar de la F". De hecho, el INE recoge que hay más de 244.214 edificios construidos hace más de 30 años y 209.024 viviendas vacías, que son las susceptibles de ser alquiladas o vendidas. Por esta razón, los API consideran que el decreto tiene "afán recaudatorio" al no entrar en vigor a la vez que el Plan Vivienda 2013-2016, donde se contemplan partidas para reformar viviendas en pro de la mejora energética.
Otra de las sombras del decreto es que, en opinión de la presidenta de los API alicantinos, "el certificado de una vivienda permite al inquilino negociar un alquiler más bajo porque indica el gasto anual de energía. El propietario se planteará recuperar el beneficio perdido ocultando el alquiler a Hacienda". El Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, estima que ya en 2010 el 61% de los alquileres de la Comunidad se ocultan al fisco.
Centenares de titulados técnicos se forman en certificación
En pleno declive de la construcción, el certificado ofrece nuevas salidas profesionales. El 23% de los 2.100 peritos registrados en la provincia se ha preparado para realizar certificaciones energéticas, mientras que en el caso de los ingenieros industriales (569 en la provincia) se llega al 32%, según explican desde el colegio. Más de la mitad de los arquitectos, 531 de 1.029 registrados en el colegio provincial, están preparados para realizar estos informes, como informa la institución.
La enorme competencia y la proximidad de la fecha de entrada en vigor del decreto ha bajado los precios del servicio. "Hace tres meses los ofrecían por 350 euros, y ahora ya están por 100 en algunas viviendas o en función de los metros cuadrados del inmueble", explica Marifé Esteso. Los API y lo propios técnicos temen que abunden las "irregularidades" en la certificación, como explica la directora técnica de AyE certificaciones, Lorena González. "Mentir en la nota de un inmueble pueden multarse con hasta 50.000 euros, pero aun así hay picaresca. Es fácil hacer el certificado más rápido y en menos tiempo si se usan los valores predeterminados del programa y así ofrecer precios más bajos", apunta. Además, puede que se permita "mejorar" la nota si se "mejora" el pago, apunta. A. V.
