Sevilla, Jefatura Superior de Policía, noviembre de 1997. Un funcionario tramita el regreso de un compañero que se incorpora al servicio tras una larga excedencia. Salvador García, perteneciente al cuerpo de jefes de almacén y natural de Bigastro, no podía ser consciente entonces de que el administrativo estaba cometiendo un pequeño error formal que le conduciría casi a la indigencia 14 años después. Su expediente quedaba archivado en Clases Pasivas, el régimen de cotización propio de funcionarios, militares, maestros y otras tipologías de trabajadores de Estado distintas a la suya. El régimen natural de un responsable de silo, cargo que ocupó durante 18 años en el extinto Servicio Nacional de Productos Agrarios (Sempa), es el General de la Seguridad Social, por lo que desde ese día, su vida laboral quedó partida en dos mitades, y su derecho a recibir pensión, supeditado a la voluntad de unirlas de una Administración desesperadamente lenta y con alergia a considerar la casuística.

"Clases pasivas dice que mi cuerpo funcionarial está "especialmente excluido" de su competencia y que figuro en sus archivos por error. Y la Seguridad Social, responsable del Régimen General, me mandaba a reclamarles a ellos porque han recibido mis cotizaciones durante 14 años sin darse cuenta del error. Llevo 28 meses sin dinero y en medio de un peloteo entre administraciones", explica el jubilado de 67 años.

Laberinto burocrático

Cuando recibió los escritos de ambos organismos, ya llevaba varios meses jubilado y viviendo de préstamos en la vivienda que le cedió una sobrina en espera de que se desbloqueara el acceso a su prestación contributiva, construida tras 32 años de cotización como funcionario y tres en calidad de autónomo. Poco después, en diciembre de 2011, Clases Pasivas le invitaba a recurrir instancia superior, el Tribunal Económico-Administrativo del Ministerio de Hacienda, al que pertenecen los dos organismos. Lateralmente, esta apelación frenó la intercesión que solicitó a la Defensora del Pueblo, que le contestó debía aguardar a la resolución del tribunal antes de poder actuar.

El silencio se prolongó durante todo 2012. "Me vi viviendo indignamente, esperando una resolución sobre una pensión que nadie dudaba de que me correspondiera pero que nadie quería pagar. No he acabado pidiendo en la calle porque mis antiguos compañeros me ayudan y llego a los 350 euros al mes. Y todo por un error absurdo causado por la propia Administración", cuenta este vecino de Bigastro, soltero y sin hijos.

El pasado diciembre llegaba la esperada resolución del Tribunal de Hacienda. Un duro texto que ratificaba punto por punto la negativa de Clases Pasivas y achacaba el error al demandante y en, todo caso, a la Jefatura de Policía de Sevilla. "Fui allí y me dijeron que ellos ya no tenían nada que ver nada conmigo", relata. La próxima apelación en la escala le conducía directamente a la Audiencia Nacional. "Me caí de espaldas", cuenta García, "cuando me imaginé esperando otros dos años para que contestaran lo mismo".

Afortunadamente, remitió el fallo del tribunal al organismo que preside Soledad Becerril, que, ahora sí, podía hacer uso de su influencia. En un texto sin medias tintas, conmina a Clases Pasivas a "dictar una resolución en la que se acceda al pleno reconocimiento de la protección social del interesado". La adjunta segunda de la Defensora del Pueblo, Concepció Ferrer, recrimina además a los dos organismos involucrados haber tomado resoluciones "de todo punto injustas". Sobretodo, cuando tras conocer el caso de García "se dictaron unas instrucciones para la regularización del encuadramiento de funcionarios a efectos de pensiones". Es decir, Hacienda "hizo una ley inspirada en mi caso para que no se produzcan más, sin darme antes una solución", comenta el jubilado.

Ley "Salvador García"

Fuentes de la Dirección General de Costes de Personal confirman este extremo. "Son pocos casos, con éste, no llegan a cinco. Desde lo de este señor, se ha incluido en la Ley de Presupuestos de 2013 una disposición adicional para evitar esta dualidad en los encuadramientos", apuntan desde la dirección general de Costes de Personal.

Mientras tanto, el jubilado celebra que la acción del Defensor parece haber surtido efecto: "Esta semana me llamó un funcionario de la dirección de Seguridad Social indignado con lo que me habían hecho y me dijo que podrá solucionarse", cuenta García.

Cinco euros al mes para ayudar a un compañero

Ana García, científico titular del Instituto de la Grasa que el Centro Nacional de Investigaciones Científicas mantiene en la capital andaluza, recuerda bien a ese hombre "de aspecto anacoreta" encargado del almacén de papelería del centro al que todos los compañeros "apreciaban sin tener demasiada intimidad con él". Poco después de desearle una feliz jubilación en abril de 2011, se enteraban de que no tenía acceso a su pensión. "Era un caso muy grave, y todos, desde jubilados hasta becarios, entendieron que cualquiera puede ser abandonado así por la Administración" cuenta la investigadora. Movida más por la "fe en la naturaleza humana" que por la amistad -escasa- que les unía, coordinó durante diez meses la colecta de cinco euros mensuales aportados por "unos 40 compañeros del instituto" para ayudar a García, así como la petición a la jefatura del centro para que lograra la implicación del CSIC en la resolución del problema del jubilado.