El día en que el pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante aprobaba la creación de una comisión de trabajo para proponer medidas de reducción de costes y generación de ingresos para la entidad, el Gobierno daba curso legal al anteproyecto de Ley de Cámaras que contempla la "homogeneización" del régimen jurídico de todos los trabajadores de las mismas al régimen laboral ordinario, lo cual significa que una vez superado el trámite parlamentario, los trabajadores con contratos anteriores a 1993, conocidos como "estatutarios" y que conforman casi la mitad de los 58 empleados actuales de la entidad alicantina, pierden su estatus equiparado al de funcionarios y entrarían en igualdad de condiciones en una previsible reducción de personal.
Asimismo, el anteproyecto aprobado ayer por el Consejo de Ministros no contempla la recuperación de las cuotas por filiación obligatoria, que fueron eliminadas en la anterior legislatura, por lo que las Cámaras tendrán que basar sus ingresos en los servicios que desarrollen y en aportaciones voluntarias si quieren asegurarse su supervivencia, algo que a partir de ahora tampoco estará garantizado por ley, pues el Ejecutivo elimina también la obligación de que haya una cámara oficial por provincia. En la de Alicante hay tres: dos de ámbito local (Alcoy y Orihuela) y la que tiene su base en la capital y que da servicio al resto.
En este contexto se produjo ayer el plácet del pleno de la Cámara de Comercio de Alicante -convocado en reunión extraordinaria y con un único punto en el orden del día- a la creación de una comisión de trabajo cuyo cometido será la elaboración de "medidas urgentes encaminadas a la reducción de costes y generación de ingresos de la corporación", tal y como recoge la nota hecha pública ayer por el organismo empresarial al término de la reunión, que se desarrolló sin discrepancias reseñables y con una aprobación general, según algunos de los presentes en el acto consultados por este periódico.
El grupo recibe el nombre de "Comisión de Trabajo de Propuestas Económicas" y está presidido por Juan Bautista Riera, vicepresidente primero de la Cámara; Armando Sala, vocal de su comisión ejecutiva, y los miembros del pleno Cristóbal Navarro, Miguel Agulles y Rafael Espuch. Actuará como secretario el propio secretario general de la Cámara, Andrés Sevila, que tendrá voz pero no voto.
Las fuentes consultadas no echaron de menos que no fuera el propio presidente, José Enrique Garrigós. quien presidiera el grupo de trabajo, ya que, valoraron, se requiere un nivel de dedicación que quizás él no puede aportar. Asimismo, destacaron que se ha buscado que los integrantes del grupo no tuvieran vínculos con la plantilla de la casa, aunque no supieron aclarar si Garrigós mantiene alguno. Este periódico intentó contactar ayer tarde en dos ocasiones con el empresario turronero y dirigente cameral sin lograrlo.
La creación de la comisión, que debe arrojar resultados "rapidísimos" según fuentes internas, responde a la agónica situación en que se encuentran las arcas de la institución, que sólo dispone de liquidez para pagar las nóminas hasta agosto, y ello, entre otros motivos, por la deuda de 5,2 millones que arrastra el Consell con la Cámara alicantina.
Reproches a Fabra
Precisamente el jueves, víspera de la creación de la comisión, José Enrique Garrigós reprochaba públicamente al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "el problema de los impagos y las duplicidades de la Administración", algo para lo que reclamó "soluciones urgentes" porque son problemas que "están afectando tanto a las empresas como a las instituciones". Garrigós se refería así, por una parte, a la deuda del Consell tanto con los proveedores como con la institución cameral, y, por otra parte, con las "duplicidades" echaba en cara, como aclaró él mismo a renglón seguido, que el Consell reste funciones al organismo empresarial porque "siguen ustedes haciendo el trabajo que hacen y pueden hacer las Cámaras, y esto es difícil de entender". Asimismo, reclamó del jefe del Ejecutivo autonómico "que sea más contundente y reivindicativo en temas como el agua, la financiación autonómica o el corredor mediterráneo".
Fabra aprovechó el turno de los asistentes, cuando se le preguntó por el plan de pago a proveedores, para dar junio como el mes en que saldará "gran parte de nuestras obligaciones con empresas e instituciones", al tiempo que reconocía que una Administración "no resulta creíble" cuando es incapaz de hacer frente a sus deudas.
