Al final, todo llega. La gestora que debe transformar la Obra Social de Caja Mediterráneo (CAM) en una nueva fundación y que también tendrá que amortizar las polémicas cuotas participativas tiene previsto celebrar hoy su reunión constituyente después de más de cinco meses de retrasos y dilaciones, los que han transcurrido desde que el pasado diciembre el FROB y el Banco de España pusieran fin a su administración provisional y la CAM perdiera definitivamente su condición de entidad financiera, lo que supuso su disolución automática.
Los siete miembros que finalmente componen este organismo -inicialmente eran cinco pero se amplió para dar cabida a representantes de Murcia- se han citado esta mañana en Alicante en una reunión sin orden del día previo pero en la que, entre otras cosas, deberán designar a un presidente que tome las riendas de la institución y que acabe con la actual situación de interinidad que mantiene su funcionamiento al ralentí. Aunque no hay un candidato claro, algunos de sus miembros apuntan a la posibilidad de que finalmente sea el exsecretario autonómico de Turismo y actual responsable de esta área en Elche, Matías Pérez Such, quien ocupe este cargo pero todo está abierto.
También se espera que se fije un calendario de trabajo y, sobre todo, algunos de los consultados reclamarán más información sobre las cuotas participativas con el objetivo de poder tomar una decisión sobre las mismas. La gestora está obligada por ley a amortizar estos títulos similares a las acciones pero sin derechos políticos que, por su naturaleza jurídica, no pudieron ser segregados junto con el resto del negocio financiero de la caja al nuevo Banco CAM, posteriormente adjudicado al Sabadell.
En diciembre de 2011 los administradores designados por el FROB señalaron que las cuotas habían reducido su valor a cero como consecuencia de las pérdidas registradas por la caja pero nunca llegaron a darlas de baja definitivamente. Tampoco lo hicieron los miembros de la asamblea general de la CAM convocados a tal efecto ni, posteriormente, la Generalitat. Los afectados -en total se calcula que 54.000 inversores compraron cuotas aunque muchos fueron compensados por el Sabadell- nunca se han resignado y algunas de las organizaciones que les representan han exigido que se destinen los fondos que la Obra Social tiene en tesorería para compensarles.
Una decisión difícil
Ahora serán los siete miembros de la gestora (ver cuadro adjunto) quienes tomen la decisión final. El PSPV ya ha señalado que los designados por esta formación -Luis Boyer, Irene Bajo y el murciano Diego Peñarrubia- votarán a favor de indemnizar a los afectados, una posición que también ha manifestado el expresidente de Coepa José Luis Montes Tallón.
Tampoco será fácil poner en marcha la nueva fundación para continuar la labor cultural y solidaria de la CAM, sobre todo por la necesidad de buscar nuevos patronos que aporten financiación después de que el Sabadell decidiera desvincularse por completo del proyecto.
