El pasado 29 de marzo, Mariano Rajoy vivió la primera huelga general convocada contra su Gobierno. Más bien, contra la reforma laboral aprobada mediante decreto-ley escasas semanas antes y que soliviantó a los sindicatos. Un año después, el paro no ha cesado de aumentar, el Ejecutivo no ha modificado los cambios que introdujo en la legislación laboral y la crisis está todavía lejos de ser un amargo recuerdo del pasado, pese a que algunos indicadores macroeconómicos, como el Ibex y la prima de riesgo, están concediendo a la economía española una ligera tregua en los mercados internacionales.

Cientos de miles de personas salieron a la calles de España el 29-M, en una jornada que a juicio de los analistas tuvo más repercusión ahí que en los centros de trabajo. No obstante, la demanda eléctrica de ese día cayó casi un 20% y la respuesta en el ámbito industrial fue sensible, especialmente en las comunidades con mayor población. El origen de esa protesta, la octava huelga en democracia, se atribuye a la reforma laboral del Gobierno.

Los cambios ahondaron en la filosofía de la reforma de 2010, impulsada por Zapatero. La nueva normativa, defendida por Gobierno y empresarios, y duramente criticada por los sindicatos, generaliza el despido con 20 días de indemnización y resta poder a las centrales sindicales a la hora de pactar las condiciones laborales de los trabajadores, aunque también apuesta por impulsar la formación y apoyar fiscalmente a las pymes.

El contenido más polémico de la reforma fue el abaratamiento del despido. La reforma de 2010 facilitaba el despido con 20 días por año con un tope de doce mensualidades a las empresas con previsión de pérdidas económicas o con una caída "persistente" de los ingresos. El Ejecutivo de Rajoy amplió esa persistencia en 9 meses, lo que allana el camino al despido dadas las actuales circunstancias que vive la economía española, con sus grandes sectores productivos estancados. También se abarató el despido improcedente, que en lugar de pagarse a 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades, se paga a 33 días por año con un tope de 24 meses.

En otros campos, la reforma elimina las autorizaciones necesarias para llevar adelante un ERE, de forma que sólo se necesita el permiso judicial. Además, el convenio de empresa prevalece sobre el colectivo y el empresario tiene ahora más facilidad para flexibilizar turnos y salarios. A cambio, el Gobierno introdujo medidas para facilitar la contratación juvenil, el emprendizaje y la formación.

La oposición de los sindicatos se tradujo en la huelga del 29-M, una jornada que sirvió para mostrar un amplio descontento. Doce meses después, la reforma apenas ha introducido frutos y la huelga no logró cambiar los grandes parámetros del texto. Según la EPA de marzo de hace un año, el número de parados era de 5.639.100 y el último dato de esta Encuesta, de clausura de 2012, anotaba 5.965.400 parados. El número de parados inscritos en las oficinas de empleo era de 4.750.867 personas en marzo de 2012 y ahora es de 5.040.222. Aumentos sostenidos en todo caso, según ambas estadísticas.

Aquella huelga dejó paso a varios acontecimientos más de fuerte significado. Tres en especial. El primero: los nuevos recortes en materia social introducidos apenas diez días después, con el copago farmacéutico y ajustes en Educación. A continuación, el 9 de junio, vino el denominado ´rescate financiero´ que otorgaba una "línea de crédito" por parte de la UE a las entidades españolas en problemas. Y, por último, hace un par de semanas, el Gobierno endureció las condiciones para las jubilaciones anticipadas.

En este tiempo, el Gobierno ha conseguido alejar también la permanente amenaza de un rescate global sobre la economía española y ha logrado enderezar los datos relativos al déficit de las comunidades autónomas, una de sus principales batallas con Bruselas. El 14 de noviembre, los sindicatos, en acuerdo con el resto de centrales europeas, convocaron una nueva huelga general y que de nuevo tuvo más apoyo en las manifestaciones y actos públicos de protesta. Poco antes de aprobarse, Rajoy asumía que la reforma laboral no iba a producir efectos "en el corto plazo". El tiempo le dio la razón. Está por ver qué pasa en un año en el que el Gobierno alcanzará el ecuador de su legislatura.