Los exconsejeros de la CAM que esta mañana han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez han asegurado que aprobaban las operaciones de crédito sin conocer el nombre del beneficiario, por lo que desconocían cuáles de estos préstamos eran para el expresidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés. Además, han defendido que los créditos sólo llegaban al consejo de administración tras haber superado todos los controles internos sobre riesgos que realizaban los profesionales de la entidad, por lo que prácticamente se aprobaban todas las operaciones.
Las declaraciones de los exconsejeros se producen dentro de la pieza separada abierta por el juez Gómez Bermúdez para dilucidar si Avilés recibió trato de favor en la obtención de más de 17 millones de euros en créditos para sus empresas y también para averiguar si fueron legales los alrededor de 300.000 euros en dietas que se embolsó el abogado murciano por participar en el consejo de una de las filiales de la caja, Tenedora de Inversiones y Participaciones, una sociedad que también está siendo investigada por las supuestas irregularidades cometidas en los negocios que realizó en el Caribe mexicano.
De los nueve exconsejeros citados hoy, finalmente sólo han declarado seis: el expresidente de la Cámara de Comercio y de Terra Mítica, Luis Esteban; el exsecretario del consejo, José Forner; los empresarios Jesús Navarro (Carmencita) y José García Gómez; y la exconsejera en representación de los impositores Natalia Ferrando. Por su parte, el juez ha excusado al empresario y expresidente del Hércules Aniceto Benito debido a su avanzada edad, mientras que ha retrasado la comparecencia del exconsejero en representación de la UGT Gregorio Fernández y de la hotelera Natalia Caballé, que habían solicitado un aplazamiento por tener programado un viaje.
La comparecencia de los exconsejeros se produce en calidad de testigos aunque el juez les había advertido de que acudieran acompañados de un abogado por si cambiaba su situación procesal y acababan imputados. De momento, no ha sido así y los citados han abandonado la Audiencia Nacional en la misma situación procesal con la que han entrado.
En cuanto a los hechos que se investigan, según consta en la querella del FROB, además de los 17 millones de euros que el imputado obtuvo de la caja supuestamente en condiciones más que ventajosas, sociedades vinculadas a él recibieron otros cuatro millones en préstamos a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO) y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) sin que se acreditara ni el coste de la inversión a financiar ni la viabilidad de los proyectos a los que se iba a destinar este dinero de origen público.
Un informe del Banco de España ratificado a finales del enero ante el magistrado aseguraba que era la CAM la que pagaba los intereses de los créditos que le concedía a Avilés "a través de disposiciones adicionales o con nuevos préstamos usando la forma impropia de líneas públicas de financiación" cuando era un cliente con condiciones sobradas para calificarlos como "moroso" y cuyo quebranto económico a la entidad de ahorros fija el Banco de España en cinco millones de euros.
