Más de dos años después de su puesta en marcha, la prestación por desempleo para los trabajadores autónomos no acaba de cuajar. Lo que en su día fue una de las reivindicaciones históricas del colectivo va camino de convertirse en un rotundo fracaso ante las considerables dificultades que se están encontrando estos profesionales a la hora de cobrar el prometido subsidio, lo que ha provocado que la mayoría haya optado por quedarse fuera de este nuevo seguro voluntario y no abonar las correspondientes cotizaciones.
Así lo reconocen las propias mutuas encargadas de gestionar estas prestaciones, que señalan que el año pasado se rechazaron el 79% de las solicitudes presentadas en la provincia. En concreto, en 2012 fueron 244 los autónomos alicantinos que, tras haber cotizado por este concepto el mínimo de un año que exige la legislación, solicitaron la ayuda al verse obligados a cerrar su negocio o abandonar la actividad.
De esta cantidad llegaron a tramitarse 198 peticiones -el resto se desestimó por defectos de forma o sigue pendiente- y tan sólo 42 se acabaron aprobando frente a las 156 que se denegaron. En total, las prestaciones reconocidas sumaron apenas 73.926 euros, según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Desde este organismo reconocen que el principal problema es que la legislación exige demostrar que el abandono de la actividad se produce por causas objetivas, porque ha habido una caída notable de los ingresos que impiden que el negocio sea rentable. Se trata de una tarea especialmente complicada para aquellos profesionales que cotizan por módulos -una gran parte de los autónomos- y que, por tanto, no están obligados a llevar una contabilidad oficial.
Críticas de las asociaciones
"No estamos nada satisfechos con la forma en que esta funcionando", lamenta Rafael Pardo, de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunidad Valenciana. "La ley fue un buen punto de partida pero en la práctica se ha demostrado que es muy difícil cobrar y eso está desanimando a la gente", añade.
Además, según Pardo, la cuantía de las prestaciones también es muy reducida -la media de las reconocidas el año pasado fue de 650 euros- y el periodo de tiempo durante el que se cobra es bastante corto, "por lo que muchos autónomos también creen que no compensa", a pesar de que la cotización mensual con la base mínima puede ser de sólo unos 30 euros mensuales.
Por un motivo o por otro, lo cierto es que de momento la mayoría de los autónomos ha optado por quedarse fuera de este sistema -que sólo es obligatorio para los denominados trabajadores autónomos dependientes, aquellos cuyos ingresos proceden mayoritariamente del trabajo que realizan para una sola empresa, y para los que desarrollan actividades de riesgo- aunque eso implique no tener derecho a ningún tipo de ayuda cuando se quedan en pago.
Así, según datos facilitados por otra de las asociaciones del sector, UPTA, de los 110.154 trabajadores que cotizaban en el régimen de autónomos en la provincia a 31 de enero, sólo 19.400 pagaban la cotización por desempleo. Es decir, apenas el 17,28% del total. De ellos, 13.070 eran hombres y 5.972 eran mujeres.
Según apuntan desde la Asociación de Mutuas, el propio Gobierno ha reconocido la necesidad de revisar los criterios para aprobar las prestaciones y ya estaría trabajando en una reforma profunda de la misma "para adaptarla a las circunstancias" y responder a las exigencias del colectivo. Está por ver si los cambios son suficientes o si los autónomos deberán seguir conformándose con un paro "de segunda" como afirman sus representantes.
