El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) debió controlar la correcta comercialización de las preferentes y las cuotas participativas e, incluso, debió denunciar que se estaban colocando a clientes que no tenían la suficiente cultura financiera para entender la complejidad de estos productos. Así lo asegura el Síndic de Greuges, José Cholbi, en la resolución de una queja presentada hace un año por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ante la acumulación de denuncias de afectados de la CAM.
Cholbi señala, además, que el IVF debería implicarse ahora "en la búsqueda de una solución satisfactoria para los clientes" que "lo único que desean es recuperar (sus ahorros) sin tener que utilizar la vía judicial".
De esta forma, el Síndic rechaza los argumentos del organismo dependiente de la Generalitat, que siempre ha defendido que sólo puede ejercer las competencias de supervisión y control de las entidades financieras que le atribuye la legislación autonómica por exclusión de las que ya tienen el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que limitaría su campo de actuación real a las cooperativas de crédito. En el caso de las cajas de ahorros, según el IVF, sus labores serían únicamente las de vigilar la elección de los órganos de gobierno y a conceder determinadas autorizaciones administrativas.
Sin embargo, el defensor del pueblo valenciano no comparte este criterio y señala en su escrito que la administración autonómica "no puede aparecer como un mero convidado de piedra". Recuerda que la ley señala explícitamente que las competencias del Instituto Valenciano de Finanzas "comprenden el control, la inspección y la disciplina de las entidades financieras que están bajo tutela de la Generalitat" - entre las que se contaban la CAM y Bancaja- y que, por tanto, "debería haber desempeñado y ejercitado las medidas y acciones preventivas pertinentes" para garantizar que los productos que comercializaban eran correctos y se vendían de manera adecuada.
Productos complejos
José Cholbi se remonta hasta los años 30 para recordar que una de las enseñanzas de la Gran Depresión fue la necesidad de separar la banca comercial y la banca de inversión, algo que en España se hizo de forma casi natural "gracias a la existencia de bancos y cajas de ahorros". Al respecto, señala que la inmensa mayoría de los clientes de estas últimas siempre han sido "personas de bajo perfil inversor, con altísima aversión al riesgo y mínima formación financiera". En consecuencia, sin los conocimientos necesarios para "comprender la trascendencia de estos 'productos' ni para poder valorar las consecuencias y efectos jurídicos y económicos de los mismos".
Entiende el Síndic que las cajas se aprovecharon de la elevada "confianza" que los clientes tenían en ellas y del "crédito reputacional que habían acumulado durante todo el siglo XX" para colocarles las preferentes y las cuotas participativas con "facilidad" cuando se desató la crisis y los mercados financieros se cerraron para ellas. Igualmente señala que la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores califica estas emisiones como "productos complejos" y que el deber de las entidades era el de "no ofrecer al cliente productos que no se adecuen a su perfil". Sin embargo, la mayoría acabaron en manos de "personas mayores, jubilados, pensionistas y trabajadores con escasa o nula educación financiera".
En el caso de la CAM, la entidad alicantina llegó a colocar hasta 1.630 millones de euros en participaciones preferentes y otros títulos de deuda subordinada y otros 292 millones con las cuotas participativas. La intervención de la entidad sorprendió a casi 125.000 pequeños ahorradores con su dinero invertido en este tipo de productos.
Tras la adjudicación al Sabadell, el grupo catalán canjeó las preferentes y la deuda subordinada por acciones propias, una oferta que aceptaron más del 95% de los afectados. También ofreció compensaciones a los propietarios de cuotas pero en menor proporción. La Generalitat debe ahora encargarse de amortizar estos títulos y el PSOE exige que se dé una solución a los perjudicados.
Falta de protección al consumidor
Desde la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana consideraron ayer "muy positiva" la resolución del Síndic de Greuges que, a su juicio, deja "patente la falta de protección, vigilancia y respuestas de las administraciones públicas valencianas ante un gravísimo perjuicio realizado a miles" de pequeños ahorradores. Tras el dictamen, que no es de obligatorio cumplimiento y en la mayoría de los casos sólo sirve de escarnio público, la Unión de Consumidores espera un "esfuerzo" por parte de la Generalitat para buscar una salida "consensuada" para los afectados "sin que tengan que soportar y sufragar procedimientos judiciales" largos y costosos que muchos de ellos no puede pagar.
