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Empeñado en asegurar que, en caso de condena, habrá dinero suficiente para hacer frente a las indemnizaciones que se fijen para los perjudicados, el abogado Diego de Ramón, representante legal de más de medio millar de damnificados por la compra de preferentes y cuotas participativas en el proceso abierto en la Audiencia Nacional, acaba de solicitar al magistrado Javier Gómez Bermúdez, instructor de la causa, el embargo de las pensiones de los exdirectivos imputados por falsear las cuentas de la entidad de ahorro para adjudicarse unas retribuciones a las que no tenían derecho. En este procedimiento, que se está instruyendo en una pieza separada a la de las preferentes y la participativas, están encausados hasta el momento los dos últimos directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós y los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb. Al margen del cuadro directivo también está imputado el expresidente Modesto Crespo.

En un escrito presentado esta semana en el juzgado Central de Instrucción número 3, De Ramón reclama el embargo de las pensiones que los imputados puedan cobrar de la Seguridad Social "para cubrir dichas responsabilidades civiles de los daños producidos". Además, el letrado también solicita el bloqueo de las rentas vitalicias que los exdirectivos tenían contratadas con una aseguradora. Estas pensiones, que alcanzaban cifras astronómicas como los más de 30.000 euros al mes de Amorós o los casi 29.000 de Roberto López, se encuentran bloqueadas cautelarmente por orden del juez, ratificada posteriormente por la Audiencia Nacional, hasta que concluya el proceso judicial. La propia aseguradora comunicó al magistrado no sólo que bloqueaba cualquier pago de estas rentas sino que pondría en conocimiento del juzgado cualquier intento de cobro por parte de los exdirectivos. La medida no sólo afecta a los cuatro directivos imputados sino a los trece que se beneficiaban de estos acuerdos ahora suspendidos.

Nuevo intento de que se amplíe la querella al FROB y a José Pina

El abogado Diego de Ramón ha vuelvo ha insistir en su pretensión de ampliar la querella por la mala gestión de la CAM al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y al exnúmero tres de la caja de ahorros y actual miembro de la plantilla del Sabadell, José Pina. Después de que el magistrado Gómez Bermúdez rechazara este planteamiento, De Ramón ha apelado ahora a la Audiencia Nacional. Al igual que en el caso de la solicitud de embargo de las rentas vitalicias, el letrado busca asegurar que habrá quien indemnice a los damnificados en caso de sentencia condenatoria. M. G.