La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer en la firma del convenio para la puesta en marcha del fondo social de vivienda que las personas afectadas por un desalojo tienen derecho a "una segunda oportunidad" para salir adelante y pagar por una vivienda un "precio razonable".

Al acto de la firma asistieron representantes de los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad y representantes de la FEMP, las entidades financieras y las ONG.

La vicepresidenta indicó además que las casi 6.000 viviendas con que arranca el fondo social no suponen un "esfuerzo excesivo" para las entidades financieras

El fondo contará inicialmente con 5.891 viviendas aportadas por las entidades financieras de entre los inmuebles que no han cedido a la Sareb, la sociedad que agrupa los activos tóxicos del sector inmobiliario en poder de la banca.

Los alquileres tendrán una duración inicial de dos años y su precio oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un límite máximo del 30% de la renta de la unidad familiar.

En concreto, se van apoder beneficiar de esta medida las personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual y cumplan, entre otras condiciones, que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad que constituye el fondo social de viviendas, que el desalojo haya sido posterior al 1 de enero de 2008 y que se encuentren en un supuesto de vulnerabilidad.

Además, en el momento de presentación de la solicitud, el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no debe superar el límite de tres veces el IPREM (1.597 euros), así como que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad.

Las entidades asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) aportan 3.196 inmuebles al fondo social de viviendas, lo que supone el 54,3 % de las 6.000 casas que lo forman. El resto de viviendas, las aportan tanto bancos como cajas rurales.

Aportaciones

De las entidades asociadas a la CECA, Bankia ha aportado 1.000 viviendas al fondo; CaixaBank, 850; CatalunyaBanc, 355; NovaGalicia Banco, 200; BMN, 180; KutxaBank y BBK Bank CajaSur, 150; Unicaja, 125; IberCaja, 105; Banco CEISS, 100; Liberbank, 96; Banco Caja3, 20 y Caixa Ontinyent, 14.

Además, Banca March ha aportado 6 viviendas; BBVA, 900; Sabadell (incluida la CAM), 250; Banco de Valencia, 93; Banesto, 149; Banco Espirito Santo; 5; Banco Popular, 336; Banco Santander, 441; Bankinter, 56; Barclays, 142; Deutsche Bank, 87 e ING Direct, 33. Caja Laboral Popular aporta 35; Caja rural de Castilla-La Mancha, 10; Caja rural de Granada, 23; Caja rural de Soria, 5; Caja rural del Sur, 20; Cajas rurales Unidas, 80; Cajasiete, 5 y Nueva Caja rural de Aragón, 20.

Cada entidad de crédito constituirá su propio fondo con un número inicial de residencias, aunque podrán ampliarlo.