Dependientes, farmacéuticos, academias de formación, colegios, proveedores de servicios, empresas concesionarias, abogados del turno de oficio, psicólogos forenses... y ahora también los agentes de la propiedad inmobiliaria (API). Estos profesionales han decidido sumarse a la larga lista de colectivos que salen públicamente a denunciar los impagos del Consell que, en su caso, se prolongan ya durante más de cinco años, todo un récord.

En concreto desde enero de 2008 los API alicantinos no han visto "ni un sólo céntimo" por las tasaciones de inmuebles que les encargan los juzgados en aquellos casos en que alguno de los litigantes tiene derecho a la justicia gratuita, según afirmó a este diario la presidenta de Colegio Provincial de estos profesionales, Marifé Esteso. "No nos dan ninguna solución, ningún plazo. No nos responden ni a las cartas que les enviamos", asegura Esteso, indignada por la situación.

Lo cierto es que la cantidad total no es excesivamente elevada -la suma de los servicios prestados asciende a 8.600 euros- "pero se trata de una situación de justicia", añade la también abogada, que cree que es este relativamente bajo importe el que provoca que se les esté relegando continuamente frente a otros colectivos. "El problema es que quien hace un trabajo, por poco que sea, quiere cobrarlo y, a la vista de que la Generalitat no paga, muchos API se están dando de baja de este servicio", relata la presidenta del Colegio.

De hecho, hay demarcaciones como la de Orihuela donde ya solo queda un profesional dispuestos a aceptar los encargos, lo que puede acabar provocando retrasos en los juzgados, y en toda la provincia la cifra apenas supera la treintena.

Tras las innumerables gestiones realizadas, los API ni siquiera han conseguido que ninguno de los consellers que han pasado por el departamento a lo largo de estos años les haya recibido: "Quedamos pero siempre nos acaban enviando a un subalterno", se lamenta Marifé Esteso. El único momento en el que tuvieron algo de esperanza fue a principios de año pasado, cuando se puso en marcha el denominado Plan de Pago a Proveedores.

"Nos dijeron que presentáramos la solicitud y preparamos un sinfín de documentación pero luego, cuando teníamos que cobrar, nos dijeron que nuestro caso no se ajustaba a ningunos de los supuestos del plan, que no éramos proveedores", recuerda. En octubre pasado decidieron hacer un último intento a través de la directora de la Conselleria de Justicia en la provincia, Lucía Cerón, pero, a pesar de su amabilidad y de las buenas palabras, el dinero sigue sin llegar.

Discriminación

Fue en el año 2001 cuando la Generalitat firmó un convenio con los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria para que éstos se encargasen de realizar las tasaciones en aquellos casos de justicia gratuita en las que hubiese un inmueble en disputa. Se trata, por ejemplo, de juicios por el reparto de herencias o por divorcio en los que hay que repartir determinados bienes. Se establecieron unos honorarios de entre 90 y 150 euros por tasación -"un precio muy alejado del mercado, pero entendimos que era una forma de colaboración social", señala Marifé Esteso- pero, por algún motivo, en Alicante siempre se ha pagado la primera cantidad (los 90 euros) cuando en Valencia y Castellón lo habitual es cobrar la más elevada.

Además, el precio es el mismo tanto si en un juicio tienen que valorar un solo inmuebles como si son varios y hasta decenas, algo que no ocurre en el resto de la Comunidad. "Lo peor es que no tenemos la fuerza de otros colectivos, como los farmacéuticos, y no nos hacen caso", añade Esteso.

En cualquier caso, rechaza que el Colegio pueda romper el convenio o negarse a seguir prestando el servicio: "Queremos estar ahí y hacerlo, lo único que pedimos es que nos paguen como cualquier otro profesional que hace un trabajo", concluye la presidenta de los API.