La última reunión de los órganos de gobierno de Bancaja, celebrada ayer a cinco días de su disolución el martes próximo, no fue un mero trámite de despedida como se presumía. Las participaciones preferentes y la última auditoría dieron pie al debate en la reunión conjunta del consejo y la comisión de control. Durante el encuentro, al que también asistió el ya prejubilado exsecretario general, Vicente Palacios, la dirección dio lectura de una carta remitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) relacionada con la investigación que está realizando sobre las emisiones de participaciones preferentes, que tanto escándalo han provocado entre los ciudadanos por quedar muchos de ellos atrapados -y con voluminosas pérdidas- en un producto financiero perpetuo que en muchas ocasiones se comercializó como si fuera un plazo fijo entre clientes que no tenían la suficiente información financiera. El caso afecta a Bankia, a la que Bancaja transfirió todo su negocio financiero, pero la CNMV ha enviado esa misiva a la caja para ponerla en conocimiento de las actuaciones que le afectan. Y es que el organismo regulador ha observado que más del 80% de las colocaciones de preferentes que realizó Bancaja en 1999 y 2000 "podían adolecer de vicio en su comercialización". El número de afectados rondaría los 3.000, mientras que las reclamaciones potenciales de clientes ascenderían a 44 millones.

El exdirector general y actual director financiero, Aurelio Izquierdo, explicó a los consejeros que Bancaja transmitirá a la CNMV que las emisiones son de hace ya muchos años y que entonces no estaba en vigor una directriz de octubre de 2010 de la propia comisión en la que consideraba estas emisiones como productos complejos que exigían un test de conveniencia sobre la idoneidad del posible inversor. Izquierdo también alegará que, desde 2000, la caja solo actuó en ese tipo de operaciones para tramitar la venta de títulos entre propietarios de los mismos en el mercado secundario.

El otro gran punto de debate fue la auditoría, que establece una ganancia de unos siete millones hasta septiembre de 2012 gracias a la venta de unas participaciones en la aseguradora Aviva. Deloitte no hace ninguna salvedad en su informe, pero incluye una nota en la que precisa que se reserva su derecho a modificarlo. Un grupo de consejeros, escamados por el hecho de que esta auditora no avaló las cuentas de 2011 de Bankia, lo que ayudó a precipitar la intervención de ésta y una posterior reformulación que determinó unas pérdidas de 2.979 millones, pidieron explicaciones. Izquierdo informó de que es práctica habitual esa nota, dado que estas compañías realizan una posterior revisión de su informe para corroborar que el consejo que lo ha aprobado no ha incluido ningún cambio. Pese a que Bancaja dijo que Deloitte aprobará hoy el informe y de que se dará a conocer públicamente, tres consejeros del bloque progresista decidieron abstenerse en la votación. El presidente de la caja, José María Mas Millet, informó de que la entidad tiene una tesorería de 100 millones.

Por otra parte, Bancaja aprobó que el mandato de los integrantes del patronato de su actual fundación se prorrogue un año -la renovación debía concluir en enero- para tener tiempo suficiente en el proceso que se abre martes, cuando la entidad se disuelva y se convierta automáticamente en una fundación de carácter especial, que será la que gestione la obra social de la antigua caja.