El panorama autonómico ha vuelto a vivir una ajetreada jornada y a protagonizar el debate político con nuevas peticiones de ayuda al Gobierno por parte de Asturias y Baleares y el anuncio de 3.000 despidos de empleados públicos en Valencia, todo ello aderezado por las reivindicaciones soberanistas de CiU y PNV.

Con pocas horas de diferencia, Baleares y Asturias han anunciado que solicitarán al Gobierno central 355 y 261 millones de euros, respectivamente, para aliviar su situación financiera, al igual que anteriormente hicieron otras seis comunidades.

Con este panorama, la mitad de las autonomías depende ya financieramente del Gobierno central, que tiene unas solicitudes de ayuda que suman ya unos 16.700 millones, lo que supone casi el 93 por ciento de los 18.000 millones con los que se dotó el Fondo.

Esta situación evidencia las dificultades que tienen las autonomías para captar financiación en los mercados, por lo que apuestan por la línea de crédito puesta en marcha por el Gobierno para poder financiarse a tipos inferiores al 6 por ciento.

El Ejecutivo central estudiará si reedita en los próximos años este mecanismo de ayuda en función de la evolución de los mercados y los sistemas de financiación, ha dicho tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Lo que el Gobierno pretende es que las comunidades puedan tener abierta la vía de financiación en los mercados con carácter ordinario.

También en el terreno económico, la Generalitat valenciana ha anunciado un duro recorte con el despido de alrededor de 3.000 empleados de su sector público, el 40 por ciento del total de la plantilla, al suprimir 46 empresas, lo que calcula que supondrá un ahorro en gastos de estructura de unos 300 millones de euros.

La reestructuración aprobada esta mañana por el Gobierno valenciano salvará sólo a 30 de las 76 entidades públicas que había al principio de la legislatura.

Y es que las autonomías están llevando a cabo una serie de ajustes, recogidos en los planes económicos aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para poder cumplir con el objetivo de déficit para este año (1,5 % del PIB).

Esta meta es primordial, según ha reiterado en muchas ocasiones el Gobierno de Mariano Rajoy, para poder recuperar la confianza en las propias autonomías y en España a la hora de financiarse.

En el terreno político, la actualidad autonómica sigue centrada en las elecciones vascas y gallegas del domingo. Hoy se ha conocido que el presidente del PNV y candidato a lehendakari, Íñigo Urkullu, acordó en su última entrevista con el presidente catalán, Artur Mas, recorrer juntos "un camino conjunto" respecto al reconocimiento, por parte del Estado, de "los hechos nacionales de Cataluña y Euskadi".

La respuesta de Sáenz de Santamaría no se ha hecho esperar, pidiéndoles a ambos que expliquen sus planteamientos y acusándolos de "ir en contra de los intereses de todo el mundo" y de "estar en lo suyo" anteponiendo sus aspiraciones soberanistas.

Dichas aspiraciones, avivadas en el último mes principalmente en Cataluña, es una de las grandes preocupaciones del Gobierno de Mariano Rajoy, quien hoy no ha dudado en viajar a Galicia para arropar al candidato Alberto Nuñez Feijóo en el cierre de una campaña electoral en la que tanto se juega el PP.