La Conselleria de Economía ha puesto en pie de guerra a las tres patronales provinciales del metal en la Comunidad Valenciana. El departamento que dirige Máximo Buch ha sacado adelante el decreto por el que traspone a la legislación valenciana relativa a la puesta en marcha de industrias e instalaciones industriales la Directiva de liberalización de Servicios aprobada por el Parlamento Europeo en 2006. La nueva norma simplifica los procedimientos para las aperturas de negocios hasta el punto de que apenas será necesario que el emprendedor presente una comunicación en la conselleria con sus datos y la documentación técnica necesaria "de acuerdo con los reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación". El cambio sustancial es que no serán necesarias inspecciones previas para iniciar el negocio, y además se derogan una docena de normas que regulaban determinadas actividades industriales como la fontanería, responsable de talleres de coches, empresas mantenedoras de ascensores y de subestaciones eléctricas. Sin embargo, las presuntas bondades del texto no fueron compartidas por las patronales del metal. En un duro comunicado conjunto suscrito por Femeval (Valencia), Fempa (Alicante) y Femecas (Castellón), los empresarios expresaron su rotundo rechazo a la iniciativa porque, según dijeron, favorece el intrusismo y la economía sumergida, pone en tela de juicio la seguridad industrial y supone un agravio comparativo entre autonomías.
"Si cualquiera puede decir que está capacitado para ejecutar unos trabajos sin tener que acreditarlo y sin asumir responsabilidad alguna, tal como aparece en el nuevo decreto, esto va a ser un desastre", afirma el comunicado de los empresarios. Las patronales defendieron que mantener una empresa que está autorizada y que cumple con todos los requisitos legales es muy caro y complejo técnicamente, "pero garantiza la profesionalidad y responde ante posibles eventualidades y problemas derivados de un trabajo defectuoso".
Las organizaciones empresariales explican que han mantenido encuentros con el secretario autonómico de Industria, José Monzonís, y el director general de Industria, Rafael Miró, en los que han solicitado soluciones similares a las de Madrid, Cataluña, Andalucía o Murcia a la hora de aplicar la directiva de servicios. En estas autonomías sí que son necesarios "ciertos requisitos" para ejercer actividades industriales. Los empresarios reprochan además a la conselleria que no haya tenido encuentra sus aportaciones en materia de seguridad industrial.
Según explican, el Consell trata de quitarse de encima competencias que suponen actividad y control para recortar gastos, "pero haciendo dejación de funciones propias de la Administración. Y todo ello en perjuicio de los ciudadanos". "Parece mentira que estas sean las medidas de apoyo a la industria aprobadas por el Consell", se afirma de manera rotunda en el comunicado.
El decreto del Consell deroga regulaciones anteriores sobre el instalador de fontanería que, según las organizaciones empresariales del metal, supondrán la eliminación del control y la supervisión sobre los diversos elementos de la instalación. Además de "eliminar una actividad profesional como la de fontanería", las patronales explican que la nueva norma elimina la obligación de que los talleres de reparación de automóviles dispongan de un responsable técnico.
Economía garantiza los controles y la seguridad
Desde la Conselleria de Economía aseguraron ayer que el Consell está realizando "una labor de simplificación administrativa y de reducción de cargas a las empresas que favorezcan un entorno más favorable para las empresas y fomenten la recuperación económica". Esta reducción de cargas administrativas se compatibiliza "siempre" con la protección a los ciudadanos en materia de seguridad y medioambiente y el Consell, para "salvaguardar la calidad de los diferentes servicios", intensificará el control sobre estas actividades para asegurar un servicio de calidad y que se cumpla con la normativa existente. Para ello, añadieron desde Economía, se está adoptando una serie de medidas dirigidas al control del intrusismo y a garantizar la seguridad de las instalaciones. efe
