La Comisión Europea confirmó ayer que los países de la eurozona negocian apalancar el fondo de rescate permanente con el fin de aumentar su potencia por encima de los 500.000 millones de euros, como ya ocurre con el vigente mecanismo temporal de ayuda. La propuesta es incrementar a 2 billones de euros la capacidad de ayuda del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), según adelantaba ayer el semanario alemán Der Spiegel.

La publicación germana incide en que al cuadruplicar las posibilidades de ayuda del MEDE se garantizaría el rescate de grandes países como España e Italia y añade que para esa operación se ha seguido el ejemplo del Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF), en el que los mayores riesgos son asumidos con fondos públicos, mientras se invita al capital privado a participar asumiendo un riesgo menor.

El Eurogrupo aprobó el año pasado dos opciones para apalancar el fondo de rescate. La primera consistía en avalar entre el 20% y el 30% de las nuevas emisiones de bonos de los países con problemas. En el segundo caso se trata de crear filiales del fondo de rescate para atraer a inversores privados. El objetivo era alcanzar una potencia de un billón de euros pero hasta ahora nunca se han usado estas alternativas.

Dos opciones

"Hay discusiones en marcha sobre la posibilidad de utilizar los instrumentos financieros que se añadieron al fondo europeo de estabilidad financiera (FEEF) el último otoño", explicó el portavoz de Asuntos Económicos, Olivier Bailly. El objetivo es transferir estas dos opciones al nuevo mecanismo europeo de estabilidad (MEDE), que empezará a funcionar el 8 de octubre.

En esta semana que se presenta clave en España, sobre todo porque el Gobierno está previsto que apruebe el jueves (día 27) un nuevo plan de reformas, según las recomendaciones de Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, alertó de que los líderes europeos se están relajando a la hora de poner en marcha las reformas económicas necesarias para salir de la crisis aprovechando la calma en los mercados financieros en las últimas semanas por el anuncio de intervención del Banco Central Europeo. "Veo una tendencia a perder la sensación de urgencia tanto en las políticas a corto plazo como en el largo plazo. Esto no debe ocurrir", dijo Van Rompuy en un mensaje de vídeo.

Fondo Monetario

Tampoco es que la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, se mostrara más optimista sobre la evolución de la situación financiera y económica mundial. De hecho, en una conferencia en el Instituto Petersen de Economía Internacional, de Washington, la responsable del FMI advirtió de que el organismo revisará a la baja sus previsiones de crecimiento de la economía mundial, ya que, aunque sigue previendo una "recuperación gradual, el crecimiento será probablemente un poco más débil de lo que se anticipaba incluso en julio". Y sobre el sistema financiero alertó de que a pesar del "progreso real" en la reforma del sistema financiero mundial, éste "aún no es más seguro" que cuando comenzó la crisis.

Respecto a Europa, la directora gerente del FMI señaló que "obviamente sigue siendo el epicentro de la crisis y donde es necesario más acción con urgencia". En este sentido, señaló que se han dado pasos en los últimos meses, incluso antes de que el BCE anunciara su nuevo programa de compra de deuda, como por ejemplo el programa de ayuda a España para recapitalizar sus bancos.

Sin embargo, ahora hay que ver a todos los actores implementando las medidas de forma coordinada, y, en concreto, subrayó la necesidad de una "unión bancaria fuerte y eficaz".

En su opinión, debe iniciarse "lo antes posible" para romper el círculo vicioso entre economía soberana y bancos, por lo que instó a avanzar en los acuerdos del 29 de junio para establecer un mecanismo único de supervisión bancaria y permitir la recapitalización directa de los bancos. En esta línea, Lagarde también reclamó al Viejo Continente que implemente el cortafuegos europeo, ponga en marcha el plan acordado para la unión fiscal y, a nivel nacional, implemente los programas que son esenciales para el crecimiento, el empleo y la competitividad.

El primer pago de la ayuda a la banca española será en el mes de noviembre

La Comisión Europea reiteró ayer que el primer pago de la ayuda europea de hasta 100.000 millones de euros para la recapitalización de la banca española será desembolsado en noviembre. Este desembolso se llevará a cabo una vez se conozcan este viernes las necesidades de capital de cada entidad y el Ejecutivo comunitario apruebe los planes de reestructuración. "Hay claras fechas límite en la implementación del Memorando de Entendimiento y es verdad que el primer plazo es este viernes cuando se presente el análisis y las pruebas de resistencia banco por banco", señaló el portavoz comunitario Olivier Bailly en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. "Después está claro que la Comisión Europea hará su análisis en octubre y el primer desembolso se efectuará en noviembre", añadió. El primer pago irá destinado a las inyecciones de capital a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el denominado grupo 1 -los bancos nacionalizados- formado por Novagalicia Banco, Bankia, Banco de Valencia y Catalunya Caixa. EFE

Portugal estudia subir impuestos en vez de aumentar las cotizaciones

El Gobierno portugués propuso ayer elevar los impuestos a las rentas del trabajo y del capital para compensar su decisión de dar marcha atrás y no subir las contribuciones a la Seguridad Social, que afectaba a todos los trabajadores por igual. Así lo anunció el primer ministro portugués, el líder conservador Pedro Passos Coelho, quien defendió la necesidad de adoptar nuevas medidas para mejorar la cuenta de ingresos públicos y reducir su déficit hasta los niveles comprometidos con las entidades prestatarias de su rescate. En declaraciones a los periodistas, Passos Coelho confirmó que el Ejecutivo busca "alternativas" a su propuesta inicial tras ser rechazada ésta por la oposición, sindicatos, grupos civiles e incluso la patronal. El Gobierno pretendía subir del 11% al 18% la contribución que paga cada trabajador de su salario a la Seguridad Social y bajar al mismo tiempo del 23,75% al 18% la que abonan las empresas por cada uno de sus empleados con el objetivo de favorecer el empleo. EFE