Cuando han transcurrido casi dos meses desde que el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez fijara una fianza de 25,8 millones de euros para los cinco miembros de la excúpula de la CAM imputados por irregularidades en la gestión de la caja y apropiación indebida (periodo de tiempo en el que todos han recurrido esta resolución y únicamente el expresidente de la entidad Modesto Crespo ha presentado además una relación de bienes por valor de 5,5 millones para atender el requerimiento), el juez está preparando un auto en el que no sólo argumente la adopción de esta medida cautelar sino donde también podría establecer la cuantía en función de los hechos que se imputan a cada uno en vez de la misma cantidad para todos, como recoge la providencia del pasado 26 de julio.

Con estas correcciones, el magistrado estaría atendiendo el grueso de los planteamientos que recogen los recursos contra esta decisión judicial interpuestos por las defensas de los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós, de los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb y del propio Crespo.

Los letrados, tal y como ha ido publicando este diario, consideran que una fianza millonaria no puede ordenarse en una providencia de siete líneas en las que solo aparece quién solicita la medida (el representante legal de la CAM), el nombre de los imputados, la cuantía (25.812.406 euros) y el plazo para hacerla efectiva (15 días).

Fuentes próximas al caso apuntaron a este diario que Gómez Bermúdez solventaría estas deficiencias en un auto que no tardaría en dictar y en el que motivaría la decisión de imponer esta medida cautelar con el objeto de hacer frente al posible quebranto económico que habría sufrido la CAM por las actuaciones de los imputados (en el supuesto de que ese fuera el resultado final del proceso) aprovechando que la providencia está recurrida en reforma (es decir, ante el mismo magistrado que la dicta). Queda además la apelación, que estudiaría la sala de lo Penal.

Las mismas fuentes apuntaron la posibilidad de que el juez calibre los hechos que se atribuyen a cada uno de los imputados para fijar la cuantía a pagar de forma proporcional.