«No solo las cuotas participativas sino también las participaciones preferentes y, en su caso, otros valores o instrumentos financieros emitidos por la CAM en condiciones similares». Esta es la respuesta del magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez a la petición de aclaración cursada por el fiscal anticorrupción sobre el alcance de la pieza separada en la que se pretende concretar si existe responsabilidad penal en la comercialización de determinados productos financieros de la desaparecida caja de ahorros.

Dado que el magistrado en su auto del pasado 6 de septiembre, en el que desgajaba de la causa abierta por las supuestas irregularidades de la excúpula de la CAM la investigación sobre las cuotas participativas, únicamente hacía mención a este producto, el fiscal solicitó al magistrado que concretara su resolución y once días después ha dictado otro auto en el que aclara que donde figuraba «Pieza separada de cuotas participativas» debe poner «Pieza separada de cuotas participativas, participaciones preferentes y, en su caso, otros valores o instrumentos financieros emitidos por la CAM». Éste es el único cambio que introduce ya que mantiene que la caja «tendrá la condición de responsable civil subsidiaria» y que «sin perjuicio de la personación de diferentes personas en concepto de acusación popular, estarán personadas como acusaciones particulares los titulares de dichas cuotas que lo han hecho hasta la fecha y los que lo puedan hacer en el futuro».

Para determinar en qué circunstancias se comercializaron estos productos , y también a petición del fiscal, Gómez Bermúdez ha solicitado al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la auditora KPMG que envíen al juzgado toda la documentación que sobre estos valores hayan recibido desde 2007, un año antes de la emisión de la cuotas. A la CAM y al Banco CAM se les ha requerido que remitan los folletos que utilizaron para colocar estos productos así como los protocolos internos de información, según informa Efe.

Si en las cuotas participativas se calcula que son unos 50.000 los afectados, en el caso de las preferentes y el resto de deuda subordinada que la caja tenía colocada entre particulares la cifra supera los 60.000. En total, los títulos en circulación de estas emisiones llegaron a sumar 1.630 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad corresponden a las Preferentes Serie C que la CAM lanzó en septiembre de 2009, ya en plena crisis económica.

El resto corresponden a emisiones más antiguas, algunas incluso heredadas de entidades absorbidas, como Caixa Torrent, de la que proceden las obligaciones subordinadas, lanzadas en noviembre de 1988. El problema es que al tratarse de deuda perpetua, cuando algún inversor quería venderla se colocaba a otro cliente de la entidad, por lo que se estuvieron comprando y revendiendo en las sucursales de la CAM hasta el último momento.

La mayoría de los propietarios de estos títulos, hasta un 95,7%, aceptaron el canje por acciones del Sabadell que el grupo catalán ofertó el pasado mes de julio para rescatar a los afectados y que pudieran recuperar sus ahorros. Peor suerte corrieron los tenedores de cuotas, ya que estos valores por ley sólo pueden formar parte del activo de una caja de ahorros por lo que no se transfirieron al Sabadell con la subasta de la entidad. Aún así, el banco trata de compensar a estos clientes mediante diversas fórmulas. A medio millar de estos afectados representa el letrado murciano Diego de Ramón, quien solicita al juez que extienda la posible responsabilidad civil al Banco CAM y al Sabadell para que hagan frente a las supuestas indemnizaciones a las que, en caso de sentencia condenatoria, tendrían derecho los damnificados por la compra de estos valores.