El presidente de la Comisión de Control de la CAM, Juan Ramón Avilés, ha negado cualquier irregularidad en la concesión de créditos y en el cobro de supuestas dietas ilegales. Lo ha hecho ante el magistrado Javier Gómez Bermúdez, quien desde el juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional está investigado la querella presentada por la caja contra el aún responsable de este órgano por los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
La comparecencia de Avilés, quien ha asumido su propia defensa ayudado por su hijo, se produce cuando el juez aún no se ha pronunciado sobre el recurso presentado por Avilés a finales de agosto en el que pedía la desestimación de la querella y mantenía que todas las operaciones que realizó con la entidad fueron legales.
El presidente de la Comisión de Control de CAM sólo ha contestado a las preguntas del fiscal y de su abogado.
En la querella, la CAM le atribuye haber conseguido préstamos por valor de 17 millones de euros en unas condiciones más que ventajosas gracias precisamente a la influencia que podía ejercer desde el órgano que presidía y que aún sigue en activo, aunque vacío de contenido como consecuencia directa a la desaparición de la entidad. La querella le imputa también el cobro en concepto de dietas supuestamente irregulares de unos 300.000 euros de una de las filiales de la caja, Tenedora de Inversiones y Participaciones.
Después de Avilés estaban citados también ante Gómez Bermúdez los peritos de la auditora Pricewaterhouse (PwC) autores del informe forense que ha servido de base para la querella con el objeto de que ratifiquen su conclusiones. El informe pericial ha comenzado con un careo entre los peritos de PwC y el perito que ha presentado el propio Avilés.
La sesión de comparecencias previstas para hoy es la segunda de este asunto después de que el pasado 4 de septiembre declararan como testigos siete empleados de la entidad de ahorro, de los que tres ya no tienen relación laboral alguna la con CAM. Según pudo saber este diario, los siete aseguraron, algunos con más matizaciones que otros, que no se habían sentido presionados por el imputado y que tampoco le habían dado trato de favor en sus relaciones financieras con la entidad.
En su defensa, Avilés ha presentado dos escritos: uno firmado por el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, hoy imputado en el procedimiento que se sigue contra la cúpula de la CAM también por supuestas irregularidades en la gestión de la entidad, y otro del exconsejero Martín Sevilla, quien asegura que el presidente de la Comisión de Control nunca ejerció presión alguna sobre él. López Abad no solo niega también las presiones sino que, tras visitar los terrenos en los que Avilés levantó una promoción inmobiliaria que luego resultó fallida, afirma que le pidió que trabajase con la CAM.
En imputado mantiene además que la caja no tiene legitimidad para querellarse contra él al estar segregados los créditos al Banco CAM desde 2011 y que no se le puede acusar de administración desleal cuando la Comisión de Control no es un órgano de gestión sino de supervisión.
La UCE demanda a CAM y Sabadell por las cuotas y las preferentes
La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana presentó ayer en los juzgados alicantinos sendas demandas por la "comercialización indebida" de las cuotas participativas y de las participaciones preferentes que supuestamente realizó la CAM y en las que exige al nuevo propietario de la entidad, el Banco Sabadell, que se responsabilice de la devolución del dinero al haberse "subrogado en todas las obligaciones" de la antigua caja alicantina. El procedimiento civil iniciado por la UCE pretende que la justicia declare nulos los contratos de compraventa de estos productos al considerar que los afectados no recibieron la información adecuada y que la entidad no actuó de buena fe y que, por tanto, ordene reintegrar la totalidad del dinero invertido más los intereses correspondientes, según explicó ayer el responsable de esta organización en Alicante Pedro Hernández. Al tratarse de demandas colectivas, en caso de ser aceptadas a trámite cualquier persona que se sienta perjudicada podrá adherirse a las mismas. Desde el Sabadell recordaron ayer que las cuotas participativas no forman parte de los activos que se segregaron a Banco CAM y que son los actuales gestores de Caja Mediterráneo -los administradores provisionales designados por el FROB- los que deben amortizarlas. En cuanto a la participaciones preferentes, el grupo catalán recordó que el 97% de los antiguo tenedores de estos títulos aceptó su canje por acciones del Sabadell. d.n.
