Pocas personas habrán podido elegir su indemnización al marcharse de una empresa como hizo el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, al prejubilarse en junio de 2011. Unas semanas antes de la fecha escogida para su salida, López Abad recibió un correo del entonces ya exdirector de Recursos, Vicente Soriano, en el que le remitía dos cálculos distintos. En uno se tenía en cuenta el salario efectivamente cobrado y, en el otro, el devengado. Las cantidades resultantes eran de 3.680.990 y 3.818.857 euros y Soriano le invitaba a pensar cuál de ellas prefería. Lógicamente, López Abad acabó cobrando la más elevada de las dos. En el citado correo, el exdirector de recursos también le advertía de que la carta de garantías con su renuncia y las cifras de su indemnización debían pasar por la comisión de retribuciones y el consejo, trámites que no se cumplieron. Es más, preguntada por uno de los vicepresidentes de la entidad, Armando Sala, la directora general, María Dolores Amorós, se negó a ofrecer al consejo los detalles de la prejubilación de su antecesor y aseguró que eran las mismas condiciones que las del resto de trabajadores acogidos al ERE.
