El Gobierno de Rajoy y el Partido Popular quieren ir hasta las últimas consecuencias en la investigación de por qué Feve gastó 40 millones de euros en la compra de trenes tranvía (tren-tran) para Avilés y Langreo, Asturias, antes de ejecutar la obra ferroviaria. "No se le ocurre ni al que asó la manteca", dijo gráficamente la diputada popular Carmen Maniega para referirse a la adquisición de trenes ultramodernos y que requieren una tecnología especial inexistente en España antes de que se realizase la obra para que circulasen: Comparable a comprar quirófanos de última tecnología sin tener hospital.
Los servicios de Intervención y la Abogacía del Estado ven irregularidades en la adquisición. La primera tanda de tren-tran, para Avilés y por 18 millones, salió a concurso, pero quedó desierta, de modo que Feve (entonces en manos del PSOE) lo negoció con una única empresa: la valenciana Vossloh. La siguiente tanda, la de Langreo (22 millones) ya fue directamente a sus manos. Además, la firma alemana con sede en Albuixech recibió el contrato para un tranvía en León, también inviable.
"Cuando tengamos los informes habrá que señalar a los culpables y estudiaremos exigir responsabilidad dolosa o por negligencia", recalcó Maniega. "Me pregunto si Blanco también cerró ese trato en una gasolinera", ironizó.
Un proyecto sin futuro
Lo que está claro es que los proyectos de integración urbana del ferrocarril en Langreo y Avilés mediante trenes tranvía están liquidados. Todo ello con un balance de obras ejecutadas cuya conclusión está en el aire, trenes especiales comprados y que no tienen vías por las que circular (requieren de doble tensión, lo que requiere una alimentación especial) o años de promesas que permanecen incumplidas y con pocos visos de realizarse.
Feve descarta ahora continuar adelante con el modelo que defendía el Gobierno de Areces y que la empresa avalaba bajo la dirección socialista como emblema de modernidad en el transporte de viajeros. Fuentes próximas al consejo de administración de la ferroviaria aseguran que no hay intención de asumir inversiones en tipos de trenes que exigen un gasto extra en mantenimiento.
El escándalo ha sacudido al Ministerio de Fomento, ahora en manos de la popular Ana Pastor. Fuentes de este organismo no descartan incluso reclamar responsabilidades patrimoniales al ex ministro socialista José Blanco, o a su predecesora Magdalena Álvarez. Además, estas demandas podrían exigírseles también a los dos ex máximos responsables de Feve, Ángel Villalba y Juan Díez, que ordenaron la compra.
