El arraigo social en Alicante, su familia y la carencia de bienes o de cualquier actividad en el extranjero, lo que haría desaparecer el riesgo de fuga. Estos son tres de los argumentos en los que se apoya el recurso que está preparando el equipo jurídico que lleva la defensa de la exdirectora de la CAM, María Dolores Amorós, para oponerse a las medidas cautelares adoptadas por el magistrado Javier Gómez Bermúdez.
El juez de la Audiencia Nacional que investiga si existe responsabilidad penal por parte de la excúpula directiva de la caja en su bancarrota ordenó el pasado jueves la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado o la comisaría tanto para Amorós como para su mentor y máximo responsable de la CAM durante casi un década, Roberto López. Además de limitar los movimientos al territorio nacional en el caso de López Abad y al de la Unión Europea en el de Amorós. Por contra, no acordó restricción alguna ni para el expresidente Modesto Crepo ni para los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, quienes siguen imputados en este proceso.
La medidas, que fueron dictadas in voce por el magistrado, se han plasmado en un auto que fue notificado a las partes ayer, el mismo día en que el acusador popular y valedor legal de medio millar de damnificados por las cuotas participativos, Diego de Ramón, registró un escrito en el juzgado en el que pide que se controle si los dos imputados han entregado el documento (de lo que ayer no se tenía constancia) y recuerda que no hacerlo implica un quebrantamiento de condena, tal y como publicó ayer INFORMACIÓN.
Ni Fiscalía ni CAM piden nada
Fuentes próximas al caso precisaron a este diario que además del arraigo social, de la inexistencia de vinculación con el extranjero y de que la imputada tiene a su familia en Alicante, lo que eliminaría, según sus abogados, el riesgo de que se fugara para evitar la acción de la Justicia, el recurso también recoge el hecho de que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la CAM, personada como acusación particular a través de FROB, han pedido la adopción de medidas cautelares.
El acusador popular fue el único que planteó, además de lo adoptado por el juez, la prisión provisional para los cinco imputados eludible con el pago de doce millones de euros (cantidad en la que estima el quebranto económico de los compradores de cuotas participativas hoy sin valor alguno), el bloqueo cautelar de las cuentas y el embargo preventivo de la propiedades para garantizar, en caso de sentencia condenatoria, el pago de las indemnizaciones a los perjudicados.
Este periódico no ha podido confirmar si López Abad tiene previsto también recurrir el auto de Gómez Bermúdez aunque fuentes del caso lo dieron como "muy probable". La presentación del recurso, en todo caso, no paraliza lo ordenado por el juez.
De Ramón también ha pedido, como ya publicó a este diario, que se cite a declarar a Carlos Rosser, el sociólogo exempleado de la CAM que asesoró a la entidad en la venta de la cuotas participativas y que planteaba incluso la hipnosis para lograr los objetivos de ventas.
