El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha impuesto este jueves a los exdirectores generales de la CAM María Dolores Amorós y Roberto López Abad la retirada de sus pasaportes, han informado fuentes jurídicas. En concreto, ha decretado para Amorós la prohibición de abandonar el territorio de la Unión Europea y ha decretado para el exdirector una medida de mayor dureza que le impedirá viajar fuera de España.
El magistrado ha ordenado, además, que ambos comparezcan cada 15 días en los juzgados más próximos a su domicilio. Las medidas impuestas apuntan a la apreciación por parte de Gómez Bermúdez de un evidente riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Los otros tres imputados en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la caja alicantina --el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control, Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo-- han quedado libres sin la imposición de medidas cautelares.
Todos ellos han abandonado la dependencias judiciales pasadas las ocho y media de la tarde. Los cinco miembros de la cúpula directiva de la CAM se han visto obligados a acudir esta tarde a la Audiencia Nacional para comparecer en la vistilla del artículo 505 del Código Penal, convocada para estudiar la petición realizada por la Plataforma de Afectados por la CAM, que solicitó la imposición de una fianza solidaria de 12 millones de euros a los imputados para eludir la cárcel. La petición ha sido desestimada por el magistrado, que ha decretado, a cambio, las mencionadas medidas.
Los cinco imputados están acusados de un delito societario, de estafa, manipulación del precio de las cosas y de apropiación indebida.
Las mismas fuentes señalaron que el juez podría llamar a declarar próximamente a más personas dentro de la causa.
Las medidas cautelares para los antiguos directores generales de la caja se han adoptado después de que declarase como imputado López Abad, el único que aún no lo había hecho.
A respuestas del juez y del Ministerio Fiscal, López Abad -que no ha querido responder al representante del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)-, ha asegurado que la crisis que atravesaba la CAM era común al resto de entidades y que los problemas de la caja comenzaron a raíz del SIP, la alianza con la que la entidad se iba a unir con Cajastur y otras dos cajas.
El ex director general de la caja entre enero de 2001 y noviembre de 2010 se ha desvinculado además de los polémicos préstamos en los que participó la CAM, entre ellos a Terra Mítica, al "Pocero", a Polaris World o los 300 millones de dólares que utilizó la caja para adquirir la constructora mexicana Crédito Inmobiliario.
A lo largo de la pasada semana el juez interrogó a la última directora general de la Caja, María Dolores Amorós, al exdirector general de recursos Vicente Soriano Terol y al exdirector de Planificación y Control, Teófilo Sogorb. El magistrado les imputa la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida.
El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha retomado con estas declaraciones las diligencias de investigación por la causa abierta contra la CAM en noviembre de 2011 por el juez Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón, que representa a cerca de 500 afectados por participaciones preferentes. A la causa se sumó la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo con un informe forense de la auditora PwC, realizado en junio a instancias de la CAM, el pago de los complementos salariales variables percibidos por el comité de dirección, en especial las indemnizaciones por jubilación, causaron un "agujero" para la caja del entorno de los 25 millones.
Se prevé que el juez dicte mañana un auto con las cautelares que ha adoptado hoy "in voce".
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
