Esconda o no intereses menos altruistas de los que proclama (que se haga Justicia y que los poderosos, sobre todo, paguen por sus malas acciones máxime cuando afectan a los más débiles) lo cierto es que a Diego de Ramón (Murcia, 1953) hay que reconocerle el mérito de haber sentado delante de un juez a la última cúpula directiva de la que fue segunda entidad financiera de la Comunidad, además de cuarta del país, y hoy prácticamente extinta CAM después de casi 140 años de existencia y de una pésima y presuntamente delictiva gestión constatada pero no evitada por el Banco de España. Siendo puro nervio es él quien ahora tiene en vilo a muchos de los han tenido algo que ver con la gestión de la caja.
Gracias a su tesón y a la querella que interpuso allá por otoño del año pasado, unos meses después de que la entidad fuera intervenida por el Banco de España, cinco exdirectivos de la caja, los primeros espadas, están teniendo que verse las caras con el magistrado Javier Gómez Bermúdez, quien desde la Audiencia Nacional está dirigiendo una investigación que pretende determinar si los imputados (el expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós y los altos exdirectivos Vicente Soriano y Teófilo Sogorb) son responsables penales de la quiebra de la entidad y del lanzamiento de un producto financiero denominado cuotas participativas, hoy sin valor alguno, en lo que vino a suponer algo así como la salida a Bolsa de la CAM y que ha dejado 55.000 damnificados, 500 de ellos representados por este abogado murciano con espíritu de Quijote.
Con todo, más que caballero de la triste figura, Diego de Ramón se siente «aprendiz de franciscano», una orden a la que profesa especial devoción hasta el punto de que no sólo imágenes de San Francisco de Asís inundan sus textos legales a modo de marcapáginas, sino que va repartiendo las estampas a diestro y siniestro a quienes quiere que el santo les eche una mano a la hora tanto de gestionar su tiempo como de poner a raya su soberbia. Humildad y dulzura, («las dos sandalias franciscanas», precisa) asegura que son los principios por los que se mueve.
Religioso pero no fanático, según se autodefine, confiesa que ha recibido amenazas (tanto él como personas de su entorno, entre las que se encuentra su familia) pero asegura, apoyándose en esa vertiente marcadamente espiritual de su personalidad, que nunca ha tenido miedo «porque por muy poderosos que sean los que pretenden asustarme sirvo a alguien superior que lo es más». Y todo esto lo dice sin pestañear.
Después de mantener litigios contra Iberdrola, Telefónica y compañías aéreas, entre otros blancos de su sentido de la Justicia, y de haber parado un intento de recalificación de cinco millones de metros cuadrados en un humedal de la Manga del Mar Menor, lo que no le convierte en la persona a la que el presidente Valcárcel invitaría a cenar en su casa, aclara que en lo político es liberal, que le gustan unas cosas del PP como otras del PSOE pero que en situaciones de crisis sin precedentes como la actual, cuando el país acaba de sufrir el recorte más drástico de su período democrático, lo primero que tendrían que hacer los políticos de todos los signos es bajarse el sueldo a la mitad, algo que no parece que vaya a suceder al menos a corto o medio plazo.
Convencido de que la crisis de la CAM que ha desembocado en su desaparición la han provocado los políticos nombrados por el exjefe del Consell, Francisco Camps, y por el presidente murciano para formar parte del consejo de administración de la entidad (de ahí que acostumbre a hablar de la trama valenciana y de la murciana) considera que los cinco imputados por Gómez Bermúdez son los que están pero no están todos los que son. Y cita con nombres y apellidos a algunos de los que considera que deberían incorporarse a la nómina de investigados por la Justicia en relación a esta quiebra: el exvicepresidente segundo Ángel Martínez, el exdirector general adjunto y hoy director territorial José Pina o el exdirector territorial de la CAM en Murcia, Ildefonso Riquelme, entre otros.
Dispuesto a seguir hasta el final, avisa, no sólo ha pedido prisión provisional, el bloqueo de las cuentas y el embargo cautelar de propiedades para los cinco imputados hasta el momento, así como la retirada de los pasaportes para evitar el riesgo de fuga, sino que asegura que no parará hasta que los damnificados por las cuotas participativas (pequeños ahorradores y personas mayores o con escasa cultura financiera en su mayoría a los que los ideólogos de esta iniciativa eligieron de una forma «sistemática y planificada», según mantiene en su descripción de este producto ante el juez) recuperen lo que es suyo. Sólo en el caso del medio millar que él representa el quebranto económico rondaría los 12 millones de euros, la misma cantidad que plantea como fianza solidaria para que los imputados, en caso de decretarse la prisión, pudieran eludir su ingreso. «La medida de pedir cárcel puede parecer grave pero las irregularidades que han cometido no lo son menos», argumenta. «Y eso que aún falta por conocer el listado de los créditos fallidos, que también serán llevados al juzgado para que, con su cobro, se pueda indemnizar a los perjudicados», sentencia.
De trato amable y hablar atropellado propio de quienes la velocidad de crucero de su cerebro supera con creces su capacidad oral, tanta pasión puso en uno de los interrogatorios de esta semana que cuentan quienes lo presenciaron que hasta el juez Gómez Bermúdez sugirió poner música clásica en el juzgado a ver si lograba tranquilizarse el letrado, el mismo abogado, ya ven, que tiene de los nervios a una buena parte de la estructura organizativa de una caja de ahorros que se llamaba CAM.
