La gestión que llevó a la intervención del Banco de Valencia y a su actual proceso de subasta ha llegado ya a la Audiencia Nacional. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España que administra la entidad, ha denunciado a la cúpula del Banco de Valencia ante esa instancia judicial por la existencia de indicios de delito cuya gravedad exige su "inmediata actuación", según fuentes judiciales. En el escrito remitido al juzgado de instrucción número 3 de Valencia -que instruye una querella contra los ex gestores del banco presentada por la asociación de pequeños accionistas Apabankval- y firmado por el FROB con fecha 5 de junio, el organismo informa de que sus administradores detectaron posibles delitos que deben ser conocidos por la Audiencia "por su naturaleza y número de posibles afectados, condición de cotizada del Banco de Valencia y repercusión en la economía nacional".
Ante la existencia de indicios de actuaciones irregulares en la entidad, los administradores del FROB solicitaron una investigación independiente que culminó en un informe pericial que refleja actuaciones que podrían ser constitutivas de delito. "Por ello y en el convencimiento de que las circunstancias expuestas exigen la inmediata actuación de la Audiencia Nacional, el FROB ha considerado ineludible poner a disposición del juzgado central de instrucción el informe pericial realizado mediante la presentación de la correspondiente denuncia", indica en el escrito.
Tras recibir el informe del FROB, el juzgado ha remitido con fecha del 4 de junio un oficio a las diferentes partes que integran el procedimiento para, entre otras cuestiones, preguntarles sobre la competencia para investigar a Banco de Valencia o remitirlo a la Audiencia Nacional por el tipo de delitos y la cantidad de afectados. Tras pronunciarse las partes, el juzgado informará sobre su postura. Fuentes jurídicas explicaron que también el juez de la Audiencia Nacional deberá determinar si se inhibe o no en esta cuestión en beneficio del juzgado valenciano.
La cuestión que ayer no pudo clarificarse es quiénes son las personas de la cúpula del banco contra las que se dirige la acusación. Los 27 exgestores señalados en la querella de Apabankval por dos delitos societarios, encabezados por el expresidente, José Luis Olivas, y el exconsejero delegado, Domingo Parra, son la base, pero las fuentes jurídicas consultadas aseguran que habrá que esperar a conocer el contenido del informe pericial del FROB y su denuncia ante la Audiencia Nacional para conocer el dato concreto, dado que pueden ser más o menos personas las implicadas. El Banco de Valencia, cuyos administradores son los que han puesto la denuncia, no quiso precisar nada el respecto, más allá de confirmar las actuaciones.
En la junta general de accionistas de la entidad celebrada el pasado 14 de mayo, el administrador del FROB Juan Antonio Iturriaga anunció que estaban elaborando un informe muy amplio y preciso y que próximamente iniciarían "alguna acción legal significativa derivada de los hechos y circunstancias" ocurridos. Aquel día, los accionistas acordaron presentar una acción social de responsabilidad contra cuatro exgestores: Olivas, Parra, el vicepresidente Antonio Tirado, y el expresidente Aurelio Izquierdo.
El "caso Bankia" ya tiene juez instructor
El juez Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, será el encargado de decidir si procesa a los exdirectivos de Bankia por presuntos delitos penales. Según confirmó ayer la Audiencia, la querella presentada por UPyD contra 35 gestores de Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), ha recaído en el juzgado de Andreu, que también tendrá que decidir si agrupa este caso con la demanda interpuesta por el colectivo Manos Limpias. efe madrid
