"Soy un empresario normal y corriente y no estoy preparado ni tengo tiempo para revisar los balances" que presentaban los directivos de la CAM. Así de rotundo se expresó ayer el exconsejero de la caja alicantina y presidente de la Cámara de Comercio, José Enrique Garrigós, durante su comparecencia en la comisión de las Cortes Valencianas que investiga la deriva de la entidad y en la que también aseguró que nunca fue informado del requerimiento del Banco de España que obligó a reclasificar miles de créditos y provocó la ruptura de la fusión con Cajastur.
De esta forma, Garrigós se suma al expresidente Modesto Crespo y al exvicepresidente Benito Nemesio en la lista de exaltos cargos de la CAM que argumentan su falta de conocimientos para eludir su posible responsabilidad en la debacle de la entidad. "Yo les preguntaba a los directivos y a los auditores que cómo iba la caja y me decían que estupendamente. Si me presentaban un balance con 244 millones de beneficios con la que estaba cayendo, pues lo que yo pensaba es que iba fenomenal", relató el empresario, ante el desconcierto de los diputados.
"Está claro que ustedes dejaban pasar cualquier cosa con tal de no irse a casa", señaló tras estas declaraciones la portavoz de Compromís, Mireia Mollà, con la que Garrigós mantuvo un duro enfrentamiento a raíz de las dietas que percibía por representar a la entidad en la filial Gesfinmed y que el empresario limitó a 10.000 euros anuales, menos el 35% que retenía Hacienda.
"Si no tenía preparación ni tiempo, ¿qué hacía usted en la comisión de control y en el consejo?", criticó igualmente el representante del PSPV, Ángel Luna. "No entiendo cómo aceptan todo lo que les decían sin cuestionar nada", añadió el portavoz de EU, Lluís Torró. Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante recordó que es la Ley de Cajas de Ahorros la que marca los requisitos para estar en el consejo de administración y señaló que también había "una cajera de supermercado" y una "socióloga".
José Enrique Garrigós defendió que intentó trabajar por la CAM "con los cinco sentidos" y que contrató créditos de su empresa con la entidad a pesar de que eran más caros que en otros bancos. Además, señaló que aún tiene cuotas participativas que no vendió para evitar la mala imagen que hubiera provocado.
Sobre el polémico requerimiento del Banco de España en el que se instaba a la CAM a reclasificar como dudosos miles de créditos, lo que supuso la ruptura del SIP con Cajastur, el industrial de Jijona afirmó que "no sabía nada" del citado documento, a pesar de que su lectura consta en el acta del consejo del 21 de diciembre de 2010. "No digo que se falseara el acta, lo que digo es que a mí no se me leyó esa misiva", apuntó ante la insistencia de Ángel Luna. Igualmente, aseguró que nunca le quisieron explicar porqué fracasó en el último momento una posible alianza con Cajamurcia. Ante las preguntas del portavoz del PP, David Serra, negó haber recibido ninguna presión de la Generalitat en el desempeño de su labor.
Una fusión "dirigida"
Por su parte, el presidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés, que compareció en el turno anterior a Garrigós, responsabilizó al Banco de España de la ruptura del SIP y, por tanto, de la situación de la entidad. Avilés señaló que el organismo supervisor "dirigió todas las fusiones" de entidades desde el año 2010 y que también fue el que "consintió" que fracasara la fusión con Cajastur que llevó a la intervención de la CAM. El abogado murciano no quiso entrar a valorar otras posibles causas -como el excesivo riesgo inmobiliario- a pesar de la insistencia de los diputados Mireia Mollà y Lluís Torró.
El presidente de la comisión de control también señaló que la entonces directora general de la caja, María Dolores Amorós, sólo dio traslado a este organismo de forma "parcial" y "sesgada" del requerimiento del Banco de España de diciembre de 2010, sin informarles de su gravedad.
En cuanto al expediente abierto por el Banco de España, donde se le acusa de utilizar a su hermana como testaferro para ocultar un crédito a una sociedad en la que participa, Juan Ramón Avilés calificó "falsedades" estas afirmaciones y recordó que ha presentado una querella ante los tribunales contra los inspectores responsables de dicho expediente. Igualmente, reiteró que se negó a cobrar ninguna dieta por su participación en la filial Tenedora de Inversiones y Participaciones hasta que no se informó de las mismas a la asamblea general en el año 2007. A este respecto, el portavoz socialista le recordó que, aunque se informara, estas remuneraciones no se sometieron a votación.
El presidente de la comisión de control también reiteró su propuesta de que se utilizaran los bienes de la Obra Social para devolver el dinero a los propietarios de cuotas participativas y anunció que había presentado una denuncia al Instituto Valenciano de Finanzas al entender que el representantes del FROB José Antonio Iturriaga fue nombrado administrador del Banco de Valencia sin ser relevado como administrador de Caja Mediterráneo, lo que contravendría la legislación.
"Vergüenza torera"
Por la tarde, el exvicepresidente de la comisión de control Juan Hernández coincidió con Avilés en responsabilizar al Banco de España, del que dijo que "tenía que haber tomado las medidas adecuadas y no las tomó". Además, aseguró que su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tendría que haber dimitido "por vergüenza torera" tras afirmar que la CAM era "lo peor de lo peor". Por último, la exconsejera en representación de los impositores Susana Maestre reconoció que "no sabía dónde se metía" cuando aceptó presentarse para el consejo y dijo sentirse "engañada" por los directivos.
La mesa de las Cortes decidirá si lleva a López Abad ante la Fiscalía
La Mesa de las Cortes Valencianas decidirá si pone en conocimiento del Ministerio Fiscal la "falta de colaboración" del exdirector general de la CAM Roberto López Abad, que se negó a responder a las preguntas de los diputados que forman parte de la comisión de investigación de Caja Mediterráneo el pasado 21 de mayo. Los miembros de la citada comisión aprobaron ayer por unanimidad trasladar esta petición al máximo órgano de gobierno del Parlamento autonómico para que sea éste quien decida las acciones a tomar después de que López Abad y el exresponsable de las participaciones inmobiliarias de la entidad, Daniel Gil, rechazaran contestar preguntas para no autoincriminarse ante una posible investigación judicial. El portavoz socialista en la comisión, Ángel Luna, solicitó dar esa información al fiscal para que éste decida si su actitud es "constitutiva de algún delito". Luna explicó entonces que ni López Abad ni Gil tienen ninguna causa abierta que les impida declarar, motivo por el cual solicitó a los letrados de la cámara un informe. efe valencia
