El juicio por el despido de la ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós ha quedado visto para sentencia, tras cinco horas de vista oral en la que la defensa ha negado que se falsearan cuentas económicas mientras que la acusación ha apuntado manipulación contable.

Tras las exposición de los informes, la aportación de pruebas documentales y la declaración ante la sala de testigos y peritos, será ahora la titular del Juzgado de lo Social 4 de Alicante la que decidirá si el despido de Amorós fue improcedente.

La ex directora general de CAM, acompañada por su dos letrados, ha abandonado el edificio judicial entre insultos por parte de dos titulares de acciones preferentes ante la mirada de numerosos periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión.

De hecho, Amorós ha optado por introducirse junto a uno de sus abogados en un portal abierto de un edificio cercano para intentar evitar a los medios de comunicación y a las personas que la han seguido por la calle para descalificarla.

La representación legal de Amorós ha pedido que el despido sea declarado improcedente, decisión que, de alcanzarla, podría conllevar el cobro de una indemnización cifrada, según la acusación particular, en diez millones de euros.

Además, ha instado a que se respete la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de la entidad, que posteriormente fue derogada.

La abogada de la Caja Mediterráneo (CAM) ha considerado desproporcionada la petición de diez millones de euros de indemnización en concepto de lucro cesante solicitada por la exdirectora general de la entidad María Dolores Amorós durante el el juicio por despido que se celebra en Alicante.

A esta cifra, que Amorós reclama por despido improcedente, se sumaría una segunda indemnización por el tiempo trabajado, cuya cuantía aún no ha sido expuesta.

En su exposición de hechos, la abogada de la entidad bancaria alicantina ha apuntado que Amorós "falseó cuentas, manipuló resultados y ocultó información".

Ha explicado que la exdirectora general de CAM, cargo que ostentó entre diciembre de 2010 y septiembre de 2011, informó al Consejo de Administración y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de "la buena situación de CAM" en el primer trimestre del año pasado cuando "la morosidad de los créditos y la falta de provisión" ante los impagos era evidente.

La letrada de Banco CAM ha incidido en que, si bien Amorós "transmitía tranquilidad" y aseguraba "la viabilidad" de la entidad, "la realidad" era de "una liquidez comprometida", "un deterioro de los activos", "una reducción de los márgenes" y "falta de confianza externa".

Amorós fue despedida el 28 de septiembre de 2011 por los nuevos administradores de CAM a raíz de la intervención del Banco de España en julio de ese año, que, a través del FROB, capitalizó la CAM con 2.800 millones de euros mediante la compra de acciones y de otros 3.000 millones para dar liquidez inmediata.

En ese momento, se la echó bajo la acusación de que había buscado "el beneficio propio, falseado las cuentas y realizado una gestión deficiente" mientras ocupaba el cargo de directora general.

Además, los administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) también consideraron "reprobable" su sueldo y la pensión de por vida acordada durante la etapa en la que la CAM era presidida por Modesto Crespo.