El Gobierno propone que las familias sin ingresos puedan cancelar la hipoteca con la entrega del piso

EFE/REDACCIÓN MADRID
El Gobierno quiere que las familias con bajos ingresos y con todos sus miembros en paro puedan utilizar la "dación en pago" -la entrega del piso- para saldar su deuda hipotecaria con el banco, siempre que se trate de la primera vivienda. Así lo aseguró ayer en el Congreso el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien anunció diversos cambios legislativos y la redacción de Código de Buenas Prácticas voluntario para el sector financiero con el objetivo de reducir el impacto de los desahucios, una práctica que se ha disparado con el avance de la crisis económica.
Así, De Guindos también señaló que se dará a estas familias en riesgo de exclusión social un periodo de carencia para que puedan seguir ocupando el inmueble embargado "durante un tiempo prudencial" de al menos dos años y no se vean en la calle de un día para el otro.
Durante su intervención en el Congreso, a raíz de una interpelación del diputado de IU Joan Coscubiela sobre los "abusos" de la banca en esta materia, el ministro admitió la necesidad de corregir "errores del pasado que junto a la crisis, han provocado situaciones insostenibles" para los ciudadanos.
Uno de los remedios que propuso fue el de permitir que las familias con rentas bajas y todos sus miembros en paro puedan utilizar la "dación en pago" para saldar su deuda con la banca. De Guindos explicó que en estos casos se debería permitir, dado que la vivienda es el único activo con el que cuentan esas familias. "Pedir más es excesivo", señaló.
No obstante, advirtió de que hay que tener cuidado con esta práctica, que puede llegar ser negativa para la concesión de crédito a futuro, así como provocar subidas de tipos de interés si se generalizara. En cualquier caso, el también responsable de Competitividad dejó claro que se trata de una medida voluntaria para las entidades, aunque para incentivarlas a que acepten la propuesta el Gobierno permitirá que se deduzcan fiscalmente las pérdidas que les ocasione.

Más propuestas
Con carácter general, las propuestas del Ejecutivo también incluyen la atenuación de los intereses moratorios que cobran las entidades, ahora muy elevados, y que bancos y cajas cubran un determinado porcentaje de la diferencia entre el valor de tasación y el precio al que finalmente se ajusta en subasta.
Economía también pretende mejorar el procedimiento para las ejecuciones hipotecarias para dotarlo de mayor transparencia y evitar que sean las propias entidades las que se adjudiquen la práctica totalidad de las viviendas embargadas por el mínimo legal. Así, se pretende impulsar un mercado nacional de ejecuciones hipotecarias con la creación de una base de datos informatizada y la posibilidad de que las subastas se realicen a través de Internet.
Asimismo, el Ejecutivo se mostró partidario de que se aplique a los pagos iniciales de los préstamos una mayor proporción de capital principal en detrimento de los intereses, al contrario de lo que ocurre ahora. Según De Guindos, ahora se dedican los pagos iniciales casi exclusivamente al pago de intereses, y un cambio permitiría considerar el capital amortizado de manera proporcional al número de cuotas pagadas.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, aseguró que estas medidas crean "falsas expectativas", ya que no obligan a las entidades financieras a acatarlas. Además, las calificó de "inconvenientes" e "insuficientes" y pidió una legislación que obligue a la reestructuración de las condiciones del crédito durante el periodo de ejecución hipotecaria..
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, ya se mostró el martes a favor de la dación en pago pero solo en el caso de que sea voluntaria. También afirmó que aplicar esta práctica de forma retroactiva sería una opción "muy dañina para la organización del mercado inmobiliario" y con la que "no podría estar de acuerdo". Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, hasta el tercer trimestre del año se produjeron 57.136 ejecuciones hipotecarias en España.