La exdirectora general de la CAM, Maria Dolores Amorós, ha planteado en su demanda contra la entidad que su despido vulneró sus derechos fundamentales, concretamente su derecho al honor y a la propia imagen, así como su dignidad personal y profesional, según pudo confirmar este diario. El juicio por el despido de Amorós está señalado el próximo viernes 24 de febrero en el juzgado de lo Social número cuatro de Alicante. La Fiscalía se ha personado en el proceso al tratarse de una demanda que afecta a los derechos fundamentales.

Por el momento, el ministerio público no se ha adherido a la petición del abogado Diego de Ramón, que tiene varias denuncias presentadas contra los responsables de la caja, de que el juicio por el despido de Amorós se suspenda hasta que estén resueltas las querellas que se han presentado por la vía penal. Desde la Fiscalía se considera que la demanda de despido es independiente de esos otros procedimientos y que, por tanto, no hay motivo para suspender el juicio.

En la demanda, Amorós pide que su despido sea declarado nulo, entre otras cosas, por haber vulnerado sus derechos constitucionales y alternativamente se pide que sea declarado un despido improcedente. Concretamente el derecho al honor está protegido por el artículo 18 de la Constitución Española. En cualquier caso, si el juez admite sus pretensiones la caja debería optar entre readmitirla o pagarle una indemnización. Según las fuentes consultadas por este diario, en la demanda no está cuantificada la cuantía de la indemnización que Amorós reclama por el despido, pero podría ser muy cuantiosa si se tiene en cuenta que su sueldo como primera ejecutiva de la CAM ascendía a 593.040 euros anuales.

Además, si el despido se declara improcedente, María Dolores Amorós también tendría derecho a mantener, tras su jubilación, la polémica pensión vitalicia de 370.000 euros anuales que pactó con el expresidente de la entidad Modesto Crespo. La dudosa legalidad de esta pensión fue uno de los argumentos utilizados por los administradores del FROB para justificar su cese, alegando que la exdirectora general había buscado el "beneficio propio". También la acusaron de falsear las cuentas de la entidad, de realizar diversas artimañas contables para ocultar su elevada morosidad y de descuidar su gestión.

Sin embargo, Amorós sostiene que tanto el sueldo como el resto de beneficios inherentes al cargo de director general de la CAM "fueron acordadas por los órganos competentes con años de antelación" a su nombramiento, según afirmó en el único comunicado público difundido hasta la fecha tras su destitución. También recuerda que las cuentas de la caja estaban supervisadas por el Banco de España y auditadas por KPMG.