La "extremadamente agresiva" reforma laboral, como la calificó el ministro de Economía en Bruselas, ya ha tomado forma tras aprobarla el Consejo de Ministros, sin desmerecer el calificativo de Luís de Guindos. El nuevo marco laboral, presentado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la ministra de Empleo, Fátima Bañez, facilita los despidos por causas económicas, con una indemnización de veinte días por año trabajado con un tope de 12 meses, a las empresas que justifiquen una disminución de los ingresos o las ventas, una situación económica negativa o la existencia de pérdidas actuales o previstas durante un periodo de tres trimestres consecutivos. En cualquier caso, Bañez precisó que este tip0 de despidos quedará bajo "control judicial".
Otro de los puntos conflictivos de la reforma es el de los nuevos contratos ordinarios, en los que se consolidará el despido de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades a partir de la entrada en vigor de la reforma, el próximo lunes, ya que se aprueba como Real Decreto Ley para permitir, posteriormente, su tramitación como Ley en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno intentará atraer el voto de algún partido -probablemente CiU-, introduciendo algunas enmiendas, para no sacar la reforma en solitario, a pesar de tener mayoría absoluta.
La ministra de Empleo anunció que el lunes se reunirá con los agentes sociales para presentarles la reforma en un intento de "mantener permanentemente abierto" el diálogo y resaltó la importancia del acuerdo firmado recientemente entre la patronal y los sindicatos. Un llamamiento que se produce después de las duras críticas recibidas por el secretismo con el que se han estado llevando los cambios.
En la reforma aprobada ayer, en el caso de los contratos indefinidos de 45 días por año trabajado, dicha indemnización se respetará hasta la entrada en vigor del decreto, y desde esa fecha, se contabilizarán en función de 33 días por año trabajado, siempre teniendo en cuenta que el despido se considere improcedente.
Otra de las novedades se refiere a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que a partir de ahora no necesitarán la autorización administrativa previa, para poner a España "en línea con la práctica de los países europeos", según justificó el departamento que dirige Fátima Báñez, que apuntó que este requisito solo es necesario en Grecia.
En las relaciones entre empresarios y trabajadores, el Gobierno ha optado por introducir criterios de flexibilidad. En la negociación colectiva se consagra la prioridad de los convenios de empresa, de forma que los acuerdos particulares entre los trabajadores y los propietarios tendrán más valor que los sectoriales.
Además se facilita a"las empresas en dificultades" que dejen de aplicar los convenios de ámbito superior -conocido como descuelgue-. En caso de desacuerdo, las partes se atendrán a la resolución extrajudicial o al arbitraje o a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, que nombrará un árbitro que resolverá en 25 días. También, como se venía anunciando, se pone fin a la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos, estableciéndose un plazo máximo de dos años después de ser denunciado para conseguir un nuevo acuerdo, y en caso de no conseguirlo, el convenio dejará de tener valor. Esta era, además, una de las peticiones reclamada con mayor insistencia desde la patronal.
Otro de los aspectos que se regula es el del absentismo laboral, que a partir de la entrada en vigor de la nueva reforma, dejará de evaluarse en función de la media que registre la plantilla para justificar el despido y sólo se tendrá en cuenta el absentismo del trabajador.
Empleo juvenil
Ante las insostenibles cifras del desempleo juvenil, que alcanza a casi la mitad de los menores de 25 años, la nueva reforma pretende fomentar la contratación indefinida de los que tienen entre 16 y 30 años con unas bonificaciones a las empresas en tres años que pueden alcanzar hasta los 3.600 euros.
También se impulsa el contrato de formación y aprendizaje elevándose la edad máxima para acceder a los 30 años hasta que la tasa de paro baje del 15%. Tras agotar el periodo de formación en una actividad, el trabajador podría utilizar la misma modalidad de contrato en otros sectores mientras recibe la formación en la empresa, "si dispone de instalaciones y personal adecuados".
En el caso de los parados de larga duración mayores de 45 años -desempleados al menos 12 de los últimos 18 meses-, habrá bonificaciones que podrán alcanzar los 4.500 euros en tres años.
Contratos en las pymes
Por otro lado, la reforma impulsa un nuevo modelo de contratación para las pymes y autónomos (empresas con menos de 50 empleados) -el 95% del tejido productivo, según Empleo-. El contrato contará con un periodo de prueba de 1 año y la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal de 3.000 euros cuando contrate al primer trabajador con menos de 30 años.
Los emprendedores que contraten a un trabajador en paro se podrán deducir el 50% de la prestación por desempleo que estuviera cobrando durante un año, mientras que el empleado podrá voluntariamente cobrar, junto a su sueldo, el 25% de la prestación por desempleo durante el mismo periodo.
Nuevas categorías profesionales
Dentro de las medidas para facilitar la "adaptación de las condiciones laborales a la realidad de la empresa", la reforma elimina el sistema de clasificación de trabajadores por categorías profesionales y generaliza el de grupos profesionales, con la finalidad de adaptar a los trabajadores a nuevas funciones. "Los grupos profesionales -según Empleo- definidos de forma amplia favorecen la movilidad interna y suponen una oportunidad para que el trabajador adquiera experiencia en otros ámbitos de la actividad donde sus habilidades pudieran ser semejantes o, incluso, mayores". INFORMACIÓNALICANTE
