Los promotores aseguran que la reforma tendrá ´un impacto brutal´ en el sector

DAVID NAVARRO ALICANTE
La reforma financiera que ayer aprobó el Gobierno no ha sentado nada bien a los promotores alicantinos. Al contrario, los empresarios creen que las nuevas exigencias de provisiones del Gobierno pueden suponer la puntilla definitiva para un sector que el año pasado ya rozó la parálisis total y que depende por completo del crédito para poner en marcha nuevos proyectos.
Por eso lo que preocupa a lo promotores no es que bancos y cajas puedan inundar el mercado con miles de viviendas a precio reducido, como aseguró el ministro de Economía, Luis de Guindos, sino que el Ejecutivo también obligará a las entidades a provisionar un 7% de los préstamos sanos que mantenga con el sector del ladrillo. "Es una barbaridad, el impacto va a ser brutal porque nadie nos volverá a dar un crédito si por ello le penalizan", denunció ayer el secretario general de Provia, Jesualdo Ros.
El propio De Guindos cifró el jueves en 10.000 millones de euros el coste que tendrá esta medida en los balances de los bancos y cajas españoles y lo justificó en la necesidad de prevenir la morosidad futura que pueda registrarse en el sector. "Hay otros aspectos que también habríamos cambiado, como que no se distinga entre el suelo urbano y el suelo rústico a la hora de exigir mayores reservas, pero eso es secundario en comparación con las consecuencias que tendrá la exigencia de dotaciones sobre el crédito al corriente de pago", insistió Ros.
El principal efecto negativo es que frenará en seco cualquier intento de poner en marcha nuevas promociones. "Todos dábamos por perdido el primer semestre de este año pero muchos empresarios tenían planeado empezar a moverse después del verano con nuevos proyectos. Ahora será imposible conseguir financiación", asegura el secretario general de Provia. También podría peligrar la finalización de algunas promociones bastante avanzadas en zonas urbanas de la capital o en municipios como Orihuela o Torrevieja, donde las ventas a ciudadanos extranjeros -especialmente rusos y de países nórdicos- empezaban a repuntar.
No obstante, el propio Jesualdo Ros reconoce que la mayoría de las entidades ya tenía prácticamente vetadas las operaciones con los promotores, aunque el sector mantenía la esperanza de que la situación cambiara.
En cuanto a las nuevas provisiones sobre los activos adjudicados de la banca -la cobertura de los terrenos deberá pasar del 31% actual al 80%; la de las promociones en curso ascenderá al 65%; y los pisos acabados deberán provisionarse al 35%-, Ros asegura que las viviendas que las entidades pongan en el mercado "no suponen una competencia real para los promotores porque el producto que vendemos es distinto". "Entendemos que hay que desatascar la situación y que los bancos tienen que sacarse de encima todo ese stock, pero otra cosa es que se frene la actividad del sector. Los pequeños brotes que hay los va a cortar de cuajo", insistió el representante empresarial.
Desde Provia aún no saben qué medidas tomarán pero piensan hacer llegar a la administración su queja por esta decisión.
Durante el año pasado las cifras de la construcción de viviendas en la provincia ya marcaron un récord negativo al solicitarse únicamente 1.667 visados de inicio de obra, una cifra desconocida en la provincia desde los años cincuenta. De hecho, únicamente en cuatro municipios -Alicante, Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada- se iniciaron más de un centenar de casas. En comparación con el resto del país, la afectación del sector en Alicante es mucho mayor ya que el índice actual de actividad se sitúa un 73% por debajo de la media nacional, según datos del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos, Aparejadores e Ingenieros de Edificación.

Los consumidores piden más medidas
Los consumidores creen que la reforma del sistema financiero, que obligará a la banca a sanear sus activos inmobiliarios en 50.000 millones de euros, será insuficiente para estimular la compra de sus viviendas y que fluya el crédito y, por ello, piden que se adopten otras medidas, sobre todo en materia de empleo. Esa es la opinión de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), cuyo portavoz, David Hurtado, se refirió ayer a esta reforma que busca que la banca sanee sus activos inmobiliarios, mediante el aumento de las provisiones y creando un colchón de capital. Hurtado reconoció que esta iniciativa "puede ser una oportunidad para conseguir una rebaja en los precios de las viviendas, que siguen sobrevaloradas en un 20 ó 30 % y puede permitir un mayor flujo de crédito hacia las familias y las pymes". Pero está convencido de que para que "se produzcan resultados reales", el Gobierno debe generar seguridad fomentando el empleo. efe madrid