J. A. M.
La Fiscalía de Alicante acordó ayer remitir a la Audiencia Nacional la denuncia presentada por los sindicatos contra las pensiones vitalicias de hasta 370.000 euros al año que se aprobaron los directivos de la CAM antes de la intervención del Banco de España en la entidad. Los sindicatos presentaron la denuncia contra la exdirectora general, Maria Dolores Amorós, el expresidente de la entidad, Modesto Crespo y el anterior director general, Roberto López Abad por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y deslealtad profesional.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los hechos denunciados tienen conexión con las diligencias que ya tiene abiertas en la Audiencia Nacional el juez Fernando Grande-Marlaska contra Amorós. Una decisión que ya se barajaba, tal como adelantó este diario, y que ayer se confirmó. El fiscal entiende que al haber una causa abierta en la Audiencia por estos mismos hechos, lo que procede es enviar la denuncia para que Grande-Marlaska las incorpore a su investigación.
Los sindicatos presentaron la denuncia al considerar que las pensiones se contrataron de forma ilegal y de espaldas a los órganos de gobierno de la caja, después de comprobar que la contratación de la póliza de seguros que garantiza estas pensiones -dotada con más de 30 millones de euros- no fue aprobada ni por el consejo de administración ni por la comisión de control de la entidad, tal y como hubiera sido preceptivo.