Bajo la premisa de "llegar hasta las últimas consecuencias", la Comisión de Investigación sobre Caja Mediterráneo en las Cortes reclamará al Banco de España, como órgano supervisor, el resultado de las tres últimas inspecciones realizadas a la entidad y también se dirigirá al escalón autonómico de control, el Instituto Valenciano de Financias (IVF) dependiente de la Generalitat, para pedirle informes de las auditorías y del gobierno corporativo de la caja de los últimos años. Esa es parte de la documentación solicitada por los representantes del PP en la comisión que investiga el proceso que llevó a la caja hasta su intervención el pasado julio y a ella se sumarán las auditorías reclamadas a la firma KPMG y la información solicitada a la propia entidad referente, entre otras cosas, a los contratos y a las indemnizaciones de sus directivos.
El grupo popular, al igual que el socialista, han aplazado sus propuestas sobre quiénes deberán comparecer en la comisión de las Cortes hasta haber analizado toda la información. La fecha límite para recibir la documentación será el 29 de febrero y los grupos parlamentarios tendrán de plazo hasta el 12 de marzo para pedir quiénes deberán comparecer.
Dentro de la documentación solicitada por el grupo popular al Banco de España se encuentran también los requerimientos dirigidos a la CAM correspondientes a las tres últimas inspecciones realizadas, el escrito que le remitió a la caja el pasado julio pidiéndole un nuevo plan de recapitalización y viabilidad y los enviados al Instituto Valenciano de Finanzas sobre la última supervisión de la caja y la intervención de la misma.
En cuanto al órgano de vigilancia y supervisión autonómico, el PP solicita sus estatutos sociales, los informes de las auditorias anuales de las cuentas de la CAM realizadas por la firma KPMG en los años 2008, 2009 y 2010, diferente información financiera de la caja de los tres primeros trimestres de 2011 y los informes del gobierno corporativo de la entidad entre 2008 y 2010. Al Instituto Valenciano de Finanzas también le reclama los informes semestrales que le remitieron la Comisión de Control de la CAM y sus propuestas de suspender la eficacia de los acuerdos del consejo de administración.
El listado de documentación más extenso es el que se reclama a la propia Caja Mediterráneo y que va desde las actas de los consejos de administración y comisiones -desde 2008 hasta su intervención por el Banco de España- a los reglamentos internos y los informes anuales de la Comisión de Inversiones. En el documento de trabajo presentado por el PP se requieren a la entidad los informes complementarios a las auditorías, los del gobierno corporativo, los de la comisión de control y las propuestas realizadas por la misma. El PP considera necesario que aporte información sobre el volumen de riesgos de la CAM en la Generalitat y que acredite el contenido de los contratos de los miembros de los órganos de gobierno y de la dirección de la entidad y de cualquier indemnización prevista en la relación contractual que tuvieran con la entidad.
Compromís propone 45 asistencias
Compromís sí incluye en su plan de trabajo en la comisión de investigación su propuesta sobre las comparecencias. La diputada Mireia Mollà solicita que declaren un total de 45 personas, entre las que se encuentran el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; los miembros que formaban parte del consejo de administración de la CAM antes de la intervención encabezados por el expresidente Modesto Crespo; quienes formaban parte de la dirección; el presidente del Banco Sabadell, José Luis Oliu; y, por parte de la Generalitat, Francisco Camps, Gerardo Camps, José Manuel Vela y el presidente, Alberto Fabra. s. e.
