La subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que aprobó el Gobierno la semana pasada puede suponer la puntilla para muchas de las promotoras alicantinas que hasta ahora habían logrado sobrevivir a la peor crisis económica que ha vivido el sector. Al menos así lo cree el secretario general de la patronal provincial del ramo (Provia), Jesualdo Ros, quien recuerda, además, que una buena parte de los municipios de la provincia ya habían incrementado este tributo en los últimos años para compensar la caída de sus ingresos por el desplome de las solicitudes de licencias de obras.
"Cuando los ayuntamientos empiecen a enviar los recibos -el próximo mes de marzo, en el caso de la ciudad de Alicante, y partir de agosto, para el resto de la provincia- muchas empresas van a vivir situaciones muy complicadas y un buen número va a ver amenazada su viabilidad", advirtió Ros, en declaraciones a este diario.
La subida del IBI es una de las medidas adoptadas el pasado 30 de diciembre por el Ejecutivo central dentro del paquete de ajustes aprobado para controlar el déficit público. Afectará al 50% de las viviendas de mayor valor catastral de cada municipio y el incremento oscilará entre un mínimo del 4% y un máximo del 10%, dependiendo de la antigüedad de la revisión catastral. La iniciativa permitirá recaudar 981 millones en toda España.
El secretario general de Provia destaca, además, que la subida va a penalizar precisamente a aquellas empresas que han sabido gestionar mejor durante la crisis y han conservado una mayor proporción de suelo y de promociones, frente a las que han acabado por entregar toda su cartera a los bancos para saldar sus deudas. Según cifras del propio sector, las promotoras alicantinas aún tienen en sus balances entre 10.000 y 15.000 viviendas terminadas que no han conseguido vender.
Jesualdo Ros denuncia, además, que muchos municipios -entre los que cita La Vila, Xàbia, El Campello o Altea- ya habían incrementado notablemente las bases imponibles que aplican en este tributo y, en algunos casos, "las cuotas se han duplicado en los últimos cinco años". Es más, según el representante de los promotores, la necesidad de recaudar de los ayuntamientos para hacer frente a sus pagos les ha llevado a fijar valores "muy superiores incluso al precio real en el mercado" para calcular el IBI de numerosos solares y promociones.
Un año para olvidar
Lo cierto es que la subida del IBI llega en un momento en que el sector está especialmente sensible a cualquier incremento de costes tras un año en el que la actividad ha estado prácticamente paralizada. Por una parte, la dura competencia de las entidades financieras está complicando mucho la salida de las viviendas que aún conservan en cartera los promotores, sobre todo porque los bancos y cajas tienen a su favor que son ellos quienes pueden conceder la financiación necesaria. Por otra parte, la falta de ventas se ha traducido en la ausencia casi total de nuevos proyectos.
Según los últimos datos del Colegio Oficial de Aparejadores, en los diez primeros meses de 2011 apenas se sellaron 1.264 visados para el inicio de nuevas viviendas en la provincia de Alicante y la mayoría de ellos correspondió a proyectos particulares y algunas promociones de protección oficial. Se trata de una cifra insignificante al lado de los 42.180 visados concedidos en el mismo periodo de 2006.
Además, hay que tener en cuenta que también este año la ley obligará a las promotoras y a los bancos a ajustar a la baja el valor de los terrenos urbanizables en su poder, ya que la nueva legislación sólo contempla dos categorías: el suelo rústico y el urbano. De esta forma, también los balances de las empresas se verán afectados por la reducción contable de sus activos.
