Las organizaciones sindicales de la Comunidad Valenciana también se aprietan el cinturón. La caída de ingresos procedentes de los convenios con las administraciones públicas, la pérdida de cuotas de afiliados en desempleo y sobre todo los retrasos del Consell en los pagos de los cursos de formación acentúan los procesos de reestructuración de las centrales mayoritarias de la Comunidad, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores.
El sindicato liderado por Conrado Hernández anunció ayer que en breve iniciará la tramitación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que supondrá la extinción de al menos un 10 % de su plantilla, donde se integran unos 300 trabajadores -en su mayoría indefinidos-, sin contar con el resto de personal de fundaciones en manos de la central ugetista. Será un ERE por "causas económicas".
A principios de año despidió a media docena de trabajadores y otros eventuales. Según la comisión ejecutiva de UGT-PV, el sindicato "ha padecido en los últimos años una importante disminución de los ingresos". De hecho, el presupuesto de 2011 para el conjunto de federaciones y uniones territoriales es un tercio inferior al del ejercicio precedente. "A pesar de la crisis, la afiliación sigue creciendo -según UGT-PV- si bien es cierto que se produce un trasvase de la cuota ordinaria (11 euros mensuales) a la de desempleados (3 euros), que es considerablemente inferior". UGT-PV cuenta con unos 120.000 afiliados. La dirección del sindicato, ante la dificultad de hacer frente a esta reducción de ingresos, "ha elaborado unos presupuestos adaptados a la situación actual con importantes recortes para equilibrar ingresos y gastos". Los recortes previstos afectan tanto al gasto ordinario en la gestión como el de personal de la central ugetista, que deberá ahora negociarse con el comité de empresa de la organización sindical, en manos de la Federación de Servicios (FeS). El comité de empresa de UGT logró recortar el plan de despidos que planteó la dirección del sindicato a principios de 2011. Entonces pretendía enviar a la calle a nueve personas. También ahora tratará de minimizar el impacto del ERE de extinción.
Sin recurrir a expedientes
Mientras tanto, la comisión ejecutiva de Comisiones Obreras sostiene que no tiene previsto acometer expedientes de regulación de empleo en los próximos tiempos. "No contemplamos esa medida", indicaron ayer fuentes de la organización que lidera Paco Molina. Y reconocieron que "las actividades de la organización se adecuarán a los fondos obtenidos" en los próximos ejercicios.
El consejo confederal estatal de Comisiones celebrado la semana pasado aprobó "optimizar recursos" con presupuestos más austeros de cara a lo próximos años dada la caída de ingresos por la crisis económica. Sea como fuera, alguna de las principales federaciones sectoriales de Comisiones, como Fecoma (construcción y madera) ha reducido su estructura al pasar de 58 a 52 trabajadores tras negociar el despido de media docena de trabajadores de esa organización.
Tras entregar los presupuestos de 2010 al Síndic de Comptes, Molina destacaba que CC OO-PV se sustenta sobre los ingresos de sus afiliados y por la prestación de servicios. Y comentó que esos ingresos suponen el 71,1% de la actividad y recursos, mientras que la subvención directa de la Generalitat tan sólo representa el 3% ya que el 24% restante son programas de colaboración que tienen un carácter finalista, que debe estar justificado, como cursos de formación, orientación profesional o políticas sociales. El problema surge cuando el Consell destina fondos finalistas que proceden de la Unión Europea (UE) con destino a cursos de formación para otros fines, como por ejemplo al pago de otros gastos pendientes.
Los ajustes de plantilla también llegan a centrales como la Unión Sindical Obrera (USOCV), que tiene previsto acometer un ERE en la fundación de empleo y formación que tutela esta organización. La Generalitat ha recortado las ayudas a las centrales sindicales en su presupuesto de 2012.
