El Gobierno indulta a Sáenz, consejero delegado del Banco Santander

El Ejecutivo exime al banquero de la condena que le impuso el Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto

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El Gobierno indulta a Sáenz, consejero delegado del Banco Santander
El Gobierno indulta a Sáenz, consejero delegado del Banco Santander  

EFE / EUROPA PRESS MADRID El Gobierno indultó ayer al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de la condena que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto, con lo que se paraliza la ejecución de la sentencia y podrá seguir en su cargo. El Consejo de Ministros decidió, según se indicó en una nota oficial, "indultar parcialmente" a Sáenz, al abogado Rafael Jiménez de Parga y al exdirectivo de Banesto Miguel Ángel Calama, "una vez resueltos los expedientes, a la vista de los informes pertinentes y conforme a lo dispuesto en la Ley". Las penas de arresto mayor y suspensión de ejercicio profesional se conmutan "por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso", añadía el texto.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, José Blanco, se limitó a admitir que "se había tratado" este asunto, sin dar detalles sobre los argumentos empleados para conceder el indulto ni explicar tampoco por qué se ha decidido sobre este tema ahora, con el Ejecutivo en funciones. También dijo que no sabe si el PP -en pleno traspaso de poderes y a la espera de formar Gobierno- sabía o no que se iba a indultar a Sáenz, ya que, aunque conocen el orden del día del Consejo, en él no se especifica a quién se refieren los indultos.
El origen de esta causa se remonta a 1994, cuando Banesto, que entonces presidía Sáenz después de adquirirlo en subasta el Santander tras ser intervenido, emprendió una agresiva estrategia de recuperación de créditos dudosos. En ese marco, el banco presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas. El juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro industriales. Esto conllevaría, en 1996, la condena del juez por parte del Tribunal Supremo, por prevaricación y detención ilegal.
Después de que esa causa fuera archivada, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -ya fallecido y consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde- presentaron una querella, que sufrió un largo proceso hasta que, en diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que Sáenz y los otros dos condenados "tenían conocimiento de que los hechos imputados [a los empresarios] no eran ciertos", y que actuaron así como "medida de presión". El tribunal condenó a Sáenz a seis meses de prisión por delito continuado de acusación y denuncia falsa, pero le absolvió de intento de estafa procesal, tras estimar parcialmente un recurso presentado por los tres condenados. Tras este recurso, el Supremo redujo la sentencia a tres meses de prisión y suspensión de cargos en entidades bancarias, y Sáenz solicitó el indulto al Gobierno.
El Banco Santander y la Asociación Española de Banca calificaron el indulto como "un acierto", ya que Sáenz "es la persona que más ha contribuido a la estabilidad y progreso del sistema financiero español en los últimos 25 años". En el lado contrario, la asociación de consumidores Adicae criticó que haya "indultos para los banqueros" y no para el resto de la sociedad, especialmente los hipotecados.

Los jueces piden explicaciones
Por otro lado, las principales asociaciones de jueces recordaron que la concesión del indulto es una "medida unilateral" que puede aplicar el Gobierno y emplazaron a explicar los motivos por los que se ha conmutado la pena de prisión y la suspensión del ejercicio profesional por la multa al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz. La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) advirtió que la concesión del indulto a Sáenz debe contraer "responsabilidades políticas", por las que el Gobierno deberá explicar las razones que le han llevado a conmutar la pena de prisión y de inhabilitación por la multa máxima aplicable a este caso.
El portavoz, José Luis Ramírez, mostró el desacuerdo de su asociación con la Ley de Indulto, que data de 1870 y otorga al Ejecutivo "una facultad que puede interferir" en decisiones ajustadas a Derecho. En su opinión, no parece "razonable" la concesión en el caso de Sáenz cuando en otros supuestos se otorga de manera "muy restrictiva". El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, advirtió por su parte al Ejecutivo en funciones de que, con el indulto, "se ha puesto el listón muy alto".

IU califica la medida de "broche vergonzoso" de la legislatura
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, pidió al Gobierno que explique los motivos del indulto a Alfredo Sáenz, y tachó esta decisión como "otra de las muchas genuflexiones" del Ejecutivo a la banca, que supone además "un broche vergonzoso a su andadura". Lara instó a explicar "en base a qué supuesto interés para todos los españoles" se ha adoptado esta decisión y "por qué se lleva a cabo en este momento", en proceso de traspaso de poderes. También solicitó al PP que "evite dar explicaciones peregrinas sobre este asunto", aclarando si estaba informado y dando su opinión al respecto. Asimismo, la polémica medida suscitó rechazo en las filas socialistas, ya que el líder del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, expresó su "perplejidad" por el indulto y consideró que "hay cosas que uno no puede callar". El expresidente extremeño añadió que no puede "aceptar" la decisión del indulto "bajo ningún concepto", y que él mismo recibió ayer críticas por la polémica medida. EFE / EUROPA PRESS MADRID

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