El portavoz del Gobierno, José Blanco, ha afirmado hoy que no es necesario ni posible "ni legal" aprobar en estos momentos un decreto ley para prorrogar los presupuestos generales del Estado, entre otros motivos porque esa prórroga se produciría de forma automática por imperativo constitucional.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Blanco ha comenzado justificando en términos legales el que el Gobierno no prorrogue los presupuestos, si bien luego ha reconocido que se trata también de una cuestión política, ya que "no se pueden tomar decisiones que condicionen la política presupuestaria del próximo Ejecutivo".

Blanco ha explicado que de la consulta realizada a la Abogacía del Estado se desprende que la prórroga de los presupuestos "opera como un mecanismo automático en el mandato constitucional, sin requerir ninguna decisión del Parlamento ni del Gobierno".

Por ello, ha lamentado que haya personas que no se han leído la Constitución y que dicen lo contrario, en referencia a las críticas del PP, que entiende que es responsabilidad del Gobierno prorrogar las actuales cuentas del Estado.

"Hay personas que tienen muchas ganas de gobernar, pero quieren que el Gobierno tome decisiones que en todo caso corresponden al nuevo Gobierno", ha añadido. Ha dicho que el próximo Ejecutivo tiene tiempo hasta el 31 de diciembre para o bien prorrogar los presupuestos por decreto ley, o bien dejar que opere el mecanismo constitucional de prórroga automática.

Por otra parte, Blanco ha hecho un desmentido "rotundo y taxativo" de que el Gobierno quiera eliminar los complementos salariales en las pagas extraordinarias de los funcionarios en 2012, una "hipótesis" que el Ejecutivo nunca ha manejado y que dictaminarán los presupuestos del año próximo.

No obstante, ha señalado que mientras no se haga el traspaso de poderes al próximo Gobierno, el Ejecutivo continuará con su agenda de reformas y con el proceso de consolidación fiscal.

En este sentido, ha destacado la responsabilidad de las doce comunidades autónomas cuyo déficit ya ha superado el 0,75 % del PIB, ya que se han comprometido en sendas reuniones con Hacienda a adoptar medidas adicionales para corregir las desviaciones presupuestarias.