El conseller de Economía, Enrique Verdeguer, comenzó ayer a poner letra a la cantinela del ajuste en las empresas, entidades y fundaciones públicas que el Consell de Alberto Fabra lleva semanas difundiendo en paralelo a su aparente incapacidad para poner freno al déficit y el endeudamiento de la Generalitat. En su primera comparecencia en las Cortes, Verdeguer desgranó la líneas básicas del decreto-ley de régimen económico-financiero del sector público que está preparando para, teóricamente, tratar de atar en corto la telaraña de entidades de capital público y someter su gestión a criterios de austeridad. El conseller confirmó el anuncio de una reducción de un mínimo del 20% en todos los capítulos de gasto que tendrá reflejo en los presupuestos de 2012 con la que pretende ahorrar al menos 400 millones. El 3% de esta cantidad, unos 12 millones de euros, se destinará a apoyar proyectos de emprendedores.

El decreto dejará además en manos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) la centralización de todas las operaciones de endeudamiento. Hasta ahora, el IVF ya supervisaba gran parte de estas operaciones, pero algunas empresas tenían capacidad de gestionar emisiones. Ahora, Economía se reservará la potestad de prohibir operaciones de endeudamiento e incluso de obligar a las empresas que rebasen las previsiones de déficit a cubrir el agujero con cargo al presupuesto de la conselleria a la que esté adscrita. Además, los entes y sociedades mercantiles que incumplan deberán elaborar un plan de pagos a proveedores.

Las medidas incluyen también una modificación en la regulación de los recursos humanos. Los directivos de las empresas se someterán al mismo régimen de compatibilidades y evaluación del rendimiento que los altos cargos del Consell. Y además tendrán que declarar también sus bienes y rentas. La cuantía total de sus retribuciones por todos los conceptos no podrá superar el suelo anual de un alto cargo, si bien el Consell se ha reservado la posibilidad de autorizar excepciones para el caso de que tenga que asumir al nómina de un fichaje estrella, algo que según fuentes del departamento que dirige Verdeguer aseguraron que "no va a ocurrir".

El decreto contempla también la creación de la Corporación Empresarial Pública Valenciana, que servirá de paraguas aglutinador del sector público y deberá ejecutar la reestructuración del mismo mediante fusiones, disoluciones y sin descartar privatizaciones. Verdeguer quiere un consejo colegiado en el que estén representados todas las conselleries y prevé que la vicepresidenta Paula Sánchez de León asuma la presidencia. El secretario autonómico Bruno Broseta es el encargado de dar forma a la Corporación y de estudiar fórmulas para adelgazar el mapa de entidades existentes.

Los grupos de la oposición valoraron las propuestas de Verdeguer, que calificaron de "buenas intenciones", pero exigieron mayor concreción y más ajustes.

Por su parte, la Generalitat Valenciana cerrará cinco oficinas del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), las de Toronto y Beijing (Pekín), cuya actividad asumirán otras cercanas, y las de La Habana, Buenos Aires y Tokio, cuyo nivel de actividad "no justificaba su funcionamiento", según anunció el conseller de Economía.

Císcar promete 100 millones para un plan de empleo juvenil

El Consell pondrá en marcha un Plan de Empleo Juvenil para impulsar la contratación indefinida de los jóvenes, apoyar sus proyectos empresariales y fomentar las prácticas laborales, iniciativa en la que invertirá 100 millones en los próximos cuatro años. Así lo avanzó ayer el conseller de Educación, Formación y Empleo, José Ciscar, en su primera comparecencia en Las Cortes Valencianes. El Plan de Empleo, que aunará escuela, trabajo y empresa, beneficiará a unos 15.000 jóvenes. Además, su Conselleria también implantará un Observatorio de Empleabilidad Juvenil y prepara, asimismo, un Plan Valenciano del Emprendedor, que contarán con una nueva inversión de 70 millones y beneficiará a unos 12.000 nuevos empresarios. EFEValencia