fiscalidad

La hora de los ricos

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Imagen de archivo de las oficinas de la Agencia Tributaria durante la Campaña de la Renta.
Imagen de archivo de las oficinas de la Agencia Tributaria durante la Campaña de la Renta.  MONDELO / EFE

Patrimonio. El Gobierno ha abierto el debate sobre la fiscalidad en la lucha contra el déficit con el rescate del Impuesto de Patrimonio para las grandes fortunas. En contra la opinión extendida, España no figura entre los países desarrollados que más recaudan por vía tributaria. La economía sumergida y la ingeniería financiera que emplean muchos ricos para pagar menos desafían la supuesta progresividad del sistema.

J. Cuenca / V. Romero Primero fue Warren Buffett quien pidió que los ricos debían pagar más dinero para contribuir a mejorar la situación fiscal de Estados Unidos. Luego fueron dieciséis grandes fortunas francesas las que se expresaron en idénticos términos.
En España, donde no se ha oído a ningún rico mostrarse dispuesto a pagar más a Hacienda en un momento en que las arcas públicas están exhaustas, los mercados encarecen de forma constante y despiadada la deuda nacional y en los desfavorecidos ?-los que menos tienen, los parados- la ubre está seca, el Gobierno, a instancias de quien fue su vicepresidente primero hasta convertirse en el próximo candidato socialista a la presidencia del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, aprobó el pasado viernes la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, una tasa fiscal que fue "suprimida" en 2008 -en realidad, se bonificaba el 100% para eludir el pago- y cuya recuperación ha provocado una intensa polémica. En ese 2008, España había quedado como el único país de la Unión Europea con Impuesto sobre el Patrimonio, una tasa que grava la riqueza acumulada, dejando unos mínimos exentos (la vivienda habitual, una determinada cantidad de dinero, que en este caso se ha fijado el mínimo en un millón de euros ) que hacen que la gran mayoría de la población ni supiera que existía ese impuesto. Esta tasa fiscal había recibido numerosas críticas en tanto en cuanto su existencia suponía -va a suponer de nuevo, por tanto- gravar doblemente a las personas, primero a su renta (IRPF) y de nuevo a su patrimonio con el impuesto específico.
El debate sobre la supresión del Impuesto de Patrimonio se abrió a principios de este siglo, cuando la bonanza económica inyectaba oxígeno en las cuentas públicas y tanto el Gobierno central como los autonómicos iniciaron rebajas fiscales a distintos estamentos sociales. El empleo por parte de las grandes fortunas de mecanismos legales alternativos y profesionalizados para gestionar su riqueza (sociedades patrimoniales, Sicavs, etc.) sirvió para extender el mensaje de que en realidad sólo las clases medias terminaban por pagar por tener una segunda residencia en la playa o en el campo. Angustiado por el déficit presupuestario, el Gobierno va a recuperar el tributo, pero fijando una bonificación total para rentas inferiores a los 700.000 euros, es decir, excluyendo a las clases medias. Así que los ricos poco duchos en ingeniería financiera van a tener que hacer doble esfuerzo. Se estima que serán unos 160.000 los residentes en España que volverán a pagar, aunque la cifra dependerá de las bonificaciones extra que apliquen las autonomías gobernadas por el PP.
La previsión máxima de recaudación realizada por el Gobierno es de 1.080 millones de euros. En el caso de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ya ha dicho que prevé bonificar al 100% el tributo para todo tipo de rentas, en línea con el rechazo a la iniciativa mostrado por el candidato popular a la Moncloa, Mariano Rajoy.
España es ya uno de los países europeos donde el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta (IRPF), el que grava a los que más tienen, alcanza unos niveles más elevados. Concretamente, solo nueve Estados de los 27 que integran actualmente la Unión Europea, tienen un tipo superior al 45,8% que se aplica en España. El tipo marginal es una de las herramientas usadas por el legislador para imponer la progresividad en cualquier sistema fiscal, con el propósito de que pague más porcentualmente (no solo en valor absoluto) el que más gane. Es decir, que el tipo más alto es aquel que grava más a las rentas más altas del país: las que se sitúan por encima de los 175.000 euros anuales en el caso español.

Tipos altos, bienestar y protección
Según corrobora el informe "Análisis comparativo de los principales impuestos en la Unión Europea, Estados Unidos y países BRIC" (Brasil, Rusia, India y China), elaborado por el Instituto de la Empresa Familiar, entre los países de la UE con los tipos más altos se encuentran aquellos con un nivel de bienestar y protección social pública más elevado. Tal es el caso de Suecia, que ocupa la primera posición, con un 57,5%. El país nórdico, según un estudio de la consultora KPMG, ocupó en 2010 esta misma posición teniendo en cuenta en este caso todo el planeta. Bélgica (54,5%), Holanda (52 5%), Dinamarca (51,5%), Austria (50%), Reino Unido (50%), Finlandia (48,75%), Irlanda (48%) y Alemania (47,48%) se sitúan a continuación y anteceden a España. En el otro lado de la balanza se encuentra la gran mayoría de los países del Este de Europa, procedentes todos ellos del antiguo bloque comunista e incorporados a la UE a partir de 2005, que aplican tipos máximos a las rentas más altas ciertamente bajos, como ponen de manifiesto estos ejemplos: República Checa (15%), Bulgaria (10%) o Rumanía (16%). Pero los porcentajes de tipos máximos pueden resultar engañosos. Entre 1995 y 2011 la presión fiscal sobre quienes más ganan, según Eurostat, cayó en 10,2 puntos en la Europa de los 27. Nada menos que veinte Estados miembros recortaron su exigencia fiscal máxima a los más pudientes, y tan solo Portugal, Reino Unido y Francia subieron su tributación límite. En España, quien tenga memoria financiera recordará que en 1995 se pagaba un máximo del 56%. Hoy, 17 años después, el marginal medio es del 45,8%. Además, España no lidera precisamente la lista de países de la OCDE con mayor presión fiscal. En porcentaje sobre el PIB, recauda un 6,6% en el impuesto sobre la renta, casi la mitad de lo que ingresan Bélgica, Islandia y Italia. Países como Finlandia o Suecia superan el 13% del PIB, mientras Alemania o Francia recaudan el 9,32% y el 7,25% respectivamente.
En conjunto, sumando todos los tributos directos, indirectos, descentralizados y cuotas a la Seguridad Social, España tiene una presión fiscal del 30,71% sobre el PIB, según datos trabajados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Países ricos de la Unión Europea, como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Francia o Noruega tienen una presión fiscal superior en más diez puntos de media. Esto desmonta la tesis de que en España se pagan muchos impuestos. Lo que marca la diferencia es la forma de repartirlos. El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, señala que en España personas con rentas muy diferentes pueden soportar cargas fiscales proporcionales similares. Pone el ejemplo de una persona con una renta de 125.000 euros al año que tiene un tipo de IRPF más alto que otra de 30.000 euros. La razón es que es posible que el primero pueda ahorrar, lo que está exento de tributación y le permite beneficiarse de deducciones, reducciones o bonificaciones.

Los asalariados, retratados
Hay otra brecha que separa a los españoles a la hora de tributar y es la diferencia entre asalariados y autónomos o empresarios, según Mollinedo. El 75% de la recaudación del Estado procede de las rentas del trabajo y los pensionistas. "El sistema de retenciones retrata a los asalariados", dice. Otro 10% de la recaudación procede de las rentas empresariales, mientras que el resto llega vía ganancias del capital y el ahorro. Y aquí es donde la economía sumergida desequilibra un sistema que presume de igualitarismo y progresividad. A juicio de Gestha, la economía sumergida representa el 23,3% del Producto Interior Bruto, casi el doble que la media europea. Los Técnicos de Hacienda calculan que como consecuencia de este fraude el Estado deja de ingresar cada año 38.500 millones de euros, una cifra escalofriante. "Los españoles que tributan pagan una media de 830 euros más al año para compensar la evasión fiscal de otros", calcula Mollinedo.
La decisión del Gobierno de no meter mano en la fiscalidad de las Sicav o de las sociedades patrimoniales, arroja muchas dudas sobre la efectividad real del Impuesto de Patrimonio y sobre la sinceridad del mensaje de que los ricos deben pagar más para contribuir a sanear las cuentas públicas.
Pero lo cierto es que es la primera vez desde que se inició la crisis que se sitúa a las grandes fortunas en la diana fiscal cuando de buscar soluciones al déficit público se trata. La maniobra, que se produce en plena precampaña de las elecciones generales, expide aroma a medida electoralista. Pero está por ver si Rajoy elimina el tributo en caso de ganar la presidencia. Su victoria no resolverá por arte de magia el agujero de las cuentas públicas con el que se topará en cuanto pise la alfombra de la Moncloa.

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