Los sindicatos de la CAM han dicho basta y no están dispuestos a que sean los empleados de la entidad los que paguen la mala gestión realizada por la anterior cúpula directiva. Tras meses de incertidumbre sobre su futuro y de presiones sobre la red de oficinas para evitar nuevas fugas de depósitos y aumentar los ingresos de la caja antes de su subasta, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia ha sido la "sugerencia" de los administradores designados por el FROB para que el personal de la red trabaje dos horas más todas las tardes, de 17 a 19 horas, además de su horario habitual.
La denominada Plataforma de Unidad Sindical -que agrupa a Sicam, UGT, Alta, CC OO, Csica y el Sindicato Vietnamita- considera "ilegal" esta medida y acudirá hoy a la Inspección de Trabajo para denunciarla y exigir que la Administración adopte las decisiones que sean necesarias para impedir su cumplimiento. Además, realizan un llamamiento a los trabajadores para que desobedezcan la "orden" dada por parte de "la Alta Dirección". Por su parte, CGT, que no forma parte de la citada Plataforma, también anunció que denunciará todos los casos de trabajo vespertino que conozca.
La recomendación de trabajar por las tardes -cuando el horario habitual ahora es de 8 a 15 horas- empezó a difundirse el pasado jueves desde las direcciones territoriales de Valencia y Murcia, y, posteriormente, se ha ido extendiendo al resto de la red, según afirman los representantes de los trabajadores. En todo momento las instrucciones se están dando de forma verbal, para evitar que quede constancia, y, aunque se señala que es algo "voluntario", también se deja claro la conveniencia de acatar la decisión para evitar problemas, explican las mismas fuentes.
A escondidas
Los sindicatos denuncian la mala fe con que se está actuando en este tema ya que en la reunión celebrada entre los administradores del FROB y los portavoces de la plantilla el pasado jueves -el mismo día en que empezó a divulgarse la orden- no se les informó sobre esta decisión cuando sí les comentaron otros recortes, como el de la cesta de Navidad o el del seguro médico, según afirma el secretario general de UGT-CAM, Federico Pastor.
El representante de Sicam César Estrada recuerda que trabajar fuera de la jornada laboral supone, además, "un fraude a la Seguridad Social por parte de la empresa", y explica que durante ese tiempo los trabajadores afectados no están cubiertos en caso de accidente u otras contingencias. También destaca que contraviene el convenio colectivo y la legislación laboral. Además, la Plataforma denuncia que el objetivo último de esta medida es "crear excedentes de personal".
Al final parece que vamos a ser los trabajadores quienes paguemos la indemnización de Roberto (López Abad)", el anterior director general que cobró alrededor de cinco millones de euros al prejubilarse, se lamente el secretario general de CGT, Ventura López.
Por todo ello, los sindicatos reclamarán a Trabajo que envíe a sus inspectores a las sucursales para vigilar e impedir esta situación.
No es la primera medida polémica que adopta el nuevo equipo gestor de la CAM comandado por José Antonio Iturriaga desde su llegada a la entidad el pasado 22 de julio, al producirse la intervención. Una de sus primeras decisiones fue la de suspender las vacaciones de todos los directores de oficina y cargos intermedios, que posteriormente tuvieron que rectificar.
Además, una de sus obsesiones ha sido la de aumentar el control sobre la red, por lo que exigen informes diarios sobre las solicitudes de retiradas de grandes cantidades que se registran en la red -para evitar la fuga de depósitos- y también sobre la comercialización de productos como depósitos, seguros o tarjetas de cada uno de los trabajadores. También han limitado el importe de los créditos que pueden autorizar directamente los directores de las oficinas.
A este aumento de la presión por parte de sus superiores, los trabajadores de la red de sucursales de la CAM deben añadir el creciente malestar de una buena parte de la clientela, sobre todo de los pequeños inversores que compraron cuotas participativas o participaciones preferentes y que ahora no pueden disponer de sus ahorros.
