El Banco de España decidió ampliar hasta mañana miércoles el plazo para presentar las ofertas iniciales por la CAM, tras mejorar las condiciones de la subasta para que puedan optar a la misma un mayor número de entidades y ante las reticencias que habían planteado muchas de ellas. En concreto, el supervisor financiero ha rebajado a la mitad las necesidades de capital que deberá cubrir el futuro comprador al permitir que los "activos tóxicos" de la caja alicantina no computen a la hora de calcular el ratio de solvencia mínimo que exige la legislación.
Se trata de una solución a medio camino entre el esquema de protección de activos parcial que proponía el cuaderno de venta de la CAM y el "banco malo" que, tal y como avanzó este diario, reclamaban los posibles compradores para evitar que la elevada exposición de la caja al ladrillo hundiera sus balances. De esta forma, la entidad que se quede la CAM sólo deberá reforzar su capital con entre 1.5o0 y 2.000 millones de euros, frente a los entre 3.000 y 4.000 millones que se calculaban anteriormente, según estimaciones del sector.
"Sigue siendo una cifra muy elevada, sobre todo mientras se mantengan la situación actual en los mercados, pero abre algo el abanico de posibles compradores", explicaban ayer desde una entidad interesada en la operación.
Garantías insuficientes
En principio, el plazo dado por el Banco de España para presentar las denominadas ofertas de interés -la comunicación oficial de que se quiere participar en la subasta- expiraba ayer. La Caixa, el Santander, el BBVA, el Sabadell y algunos fondos y bancos extranjeros ya estaban decididos a pujar pero otras entidades, como la fusión de las tres cajas vascas liderada por la BBK, habían desistido al considerar que sus opciones eran escasas. Otros candidatos estaban barajando presentar oferta en esta primera fase pero sólo con la intención de tener alguna oportunidad en el caso de que nadie quisiera quedarse la CAM y el FROB decidiera trocearla.
En cualquier caso, desde que Merrill Lynch comenzó a distribuir el cuaderno de venta la mayoría de los posibles compradores había mostrado su disconformidad con las condiciones planteadas y fueron muchas las consultas y las aclaraciones que se solicitaron al equipo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Consciente de la dificultad para adjudicar la CAM tras su nacionalización, el Banco de España ofreció a los interesados un Esquema de Protección de Activos (EPA) para cubrir la mayor parte de las pérdidas que generase la cartera crediticia de la entidad durante los próximos diez años, un plazo que duplica al que se aprobó para las intervenidas Cajasur y Caja Castilla-La Mancha.
Así, tras absorber las primeras pérdidas con las propias provisiones de la caja, el fondo público asumiría el 80% de los números rojos hasta un importe de 2.500 millones de euros. El porcentaje ascendería al 90% si se superase esa cantidad. Este seguro cubriría la cartera de créditos a promotores (12.677 millones de euros de los que la mitad ya están en situación de mora), las hipotecas en riesgo de impago, los activos adjudicados y otros préstamos fallidos, hasta sumar unos 20.000 millones.
Sin embargo, los compradores aún consideraban demasiado cara la operación y exigían que el FROB cubriera todas las pérdidas o se quedase con los activos tóxicos, mediante un "banco malo". El principal motivo era el volumen de capital que necesitaría la entidad que se adjudicase la CAM para cumplir los mínimos de solvencia que marca la legislación. La normativa establece que todas las entidades deben contar con un volumen de recursos de máxima calidad equivalentes a un 8% o un 10% de los denominados Activos Ponderados por Riesgo (el volumen de créditos según las probabilidades de impago), por lo que absorber el negocio de la CAM suponía unas necesidades de entre 3.000 y 4.000 millones de capital.
Tras las presiones de los interesados y ante el riesgo de que la subasta fuera demasiado restringida, finalmente el Banco de España ha accedido a que los créditos de más riesgo de la caja alicantina no se tengan en cuenta a la hora de calcular la tasa de solvencia, al entender también que ya están suficientemente cubiertos por el Esquema de Protección de Activos, lo que reduce las necesidades de capital a entre 1.500 y 2.000 millones.
Ante la nueva situación, algunas entidades reclamaron más tiempo para reformular sus ofertas y el Banco de España aceptó prorrogar el plazo en el último momento -al mediodía de ayer-, con la esperanza, además, de que entraran en la subasta nuevos pujadores.
Una cuestión de liquidez
Con las nuevas reglas cobra especial importancia la capacidad de obtener liquidez del futuro comprador. La CAM tiene que afrontar el próximo año vencimientos de deuda por importe de casi 5.700 millones de euros, a lo que hay que sumar la importante fuga de depósitos que ha sufrido (se calcula que unos 5.000 millones desde la ruptura con Cajastur). Por eso, aunque el FROB ya ha concedido a la caja una línea de crédito por importe de 3.000 millones y ha puesto a disposición del comprador otra más por valor de 2.800 millones, el Banco de España valorará por encima de otras cuestiones la disponibilidad de recursos que tengan los candidatos.
moción en el pleno municipal
Elche respalda a los trabajadores
El Ayuntamiento de Elche aprobó ayer una moción presentada por el grupo municipal popular en la que insta al Gobierno central y al Banco de España a que se garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo así como la Obra Social de la CAM, tras la intervención de la entidad. El portavoz del equipo de gobierno, Manuel Rodríguez, recordó que la CAM "es una entidad con 136 años de historia que ha estado muy vinculada a la ciudad", y destacó que "siempre ha contribuido activamente a la generación de empleo en Elche". La moción salió adelante por unanimidad de los tres grupos con representación en el Ayuntamiento -el PP, el PSOE y el Partido de Elche-, pero no sucedió lo mismo con la enmienda presentada por el grupo municipal socialista, que solicitaba que también se exigieran responsabilidades a la Generalitat Valenciana, por su "nefasta gestión política" de la CAM. En este sentido, el edil socialista Emilio Martínez aseguró que "el Consell obligó al consejo de administración de la CAM a tomar determinadas decisiones que han llevado a la entidad a un túnel sin salida". El PP y el Partido de Elche votaron en contra de la enmienda. Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, consideró que sería "muy negativa" una "bancarización" de la CAM, ya que estaría en peligro el empleo, el desarrollo de la Comunidad Valenciana y la Obra Social. m. Pomares/ ep elche/ castellón
