Las medidas de austeridad en las cuentas de 2011 no tienen, de momento, reflejo en la gestión de la Generalitat. A 30 de junio pasado, el gasto corriente de la Generalitat -la suma de los capítulos de personal, funcionamiento, pago de intereses por la deuda y transferencias corrientes- sumó 6.346 millones, 174 más que a la misma fecha de 2010, cuando se elevó a 6.171, según la información de ejecución presupuestaria remitida por la conselleria de Hacienda a las Cortes. Esto es, un incremento del 2,8%. Pero si se toman como referencia los datos del ministerio, que consolida las cifras referidas a las conselleries con algunos organismos como el Servicio Valenciano de Empleo (Servef), la misma operación ofrece un ahorro de sólo 61 millones en el gasto corriente, de 6.291 a 6.229 millones. En el mejor de los escenarios, una escuálida reducción de 61 millones transcurrida la mitad del ejercicio.

Las cuentas de 2011 nacieron marcados por un Plan de Austeridad que implicaba recortes en capítulos de gasto corriente de hasta el 15% y de las subvenciones en un 30%. El expresidente Francisco Camps llegó a cifrar el ahorro en 684 millones. A 30 de junio, el incumplimiento del compromiso era constatable. En junio, tras su reelección como jefe del Consell, Camps anunció un recorte de 1.150 millones pero en julio, conocedores de las cifras de ejecución de las cuentas en el primer semestre, el nuevo presidente, Alberto Fabra, y luego en detalle el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, anunciaron un tijeretazo adicional de 680 millones. En septiembre, Fabra prometió otro recorte de 400 millones, esta vez en las empresas públicas. El nuevo Ejecutivo se ha comprometido con el Ministerio de Hacienda a reducir este año en 1.800 millones el gasto efectivo respecto al presupuesto ejecutado de 2010. Un compromiso que, a la luz de la ejecución hasta el mes de junio, se antoja muy complicado de cumplir.

Por otra parte, el riesgo acumulado por los avales prestados por el Consell a sus empresas y organismos para que se endeuden sumaba, a 31 de marzo pasado, la friolera de 5.044,72 millones de euros, según denunció el diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco, tras recibir el informe de la Conselleria de Hacienda. El parlamentario de EU consideró "extremadamente inquietante" la cifra del riesgo contraído por avales y subrayó que en 2003 este lastre era de 1.502 millones; en 2004, 2.186; y en 2005, 2.916. Hoy casi dobla esta suma.