La bola de endeudamiento que envuelve las cuentas de la Generalitat seguirá creciendo al terminar el ejercicio de 2011. La ejecución del presupuesto hasta el mes de junio refleja un desequilibrio negativo entre ingresos y gastos no financieros superior a los 2.000 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y su compañero en Economía, Enrique Verdeguer, van a tener que agudizar el ingenio para encontrar dinero en los mercados mayoristas de deuda. Además de los fondos necesarios para financiar ese déficit, el Consell afronta antes de finalizar el año vencimientos de deuda a largo plazo por importe superior a los 1.700 millones de euros.
El grueso de estos compromisos es la devolución de los 1.500 millones de euros más intereses de los bonos "patrióticos" (colocados entre inversores particulares) que el Instituto Valenciano de Finanzas emitió en diciembre de 2010 y cuyo plazo de amortización termina el 22 del último día de este ejercicio. Vela ha manifestado hasta ahora que el Consell atenderá su obligación de devolver los bonos, pero el responsable de las cuentas públicas también ha reconocido recientemente en declaraciones pública que ha habido meses en los que ha sido incapaz de renovar vencimientos de deuda a corto plazo. Vela sostiene que el pasado mes de agosto sólo pudo renovar 18 millones de 420 millones en vencimientos.
Además de los bonos "patrióticos", la Generalitat debe devolver 80 millones de euros el próximo 23 de este mes, canalizado en una operación suscrita en octubre de 2004 a través del BNP Paribas. En diciembre de este año también vence un préstamo por valor de 125 millones de euros suscrito a través del Banco Espirito Santo en octubre del año pasado.
A estos créditos hay que sumar los vencimientos de operaciones de deuda a corto plazo que cada mes tratar de renovar la Generalitat, Cuando no puede hacerlo, como ocurrió en agosto, Vela destina el grueso de su tesorería a amortizar deuda. Esto explica que una vez pagadas las nóminas y el gasto corriente, los proveedores sean los últimos de la lista el cobrar.
La Generalitat tiene autorizados para este año por el Gobierno central algo más de 1.328 millones de euros de deuda nueva que se antojan insuficientes para cubrir el déficit si este se mantiene como hasta ahora. El Consell confía en que las medidas de ajuste que tienen que ejecutarse hasta el final del ejercicio reduzcan el 1,92 % sobre el PIB regional de déficit acumulado hasta junio, según explicó el pasado viernes la portavoz del Ejecutivo autonómico, Lola Johnson. Con todo, si la inestabilidad internacional se mantiene en los mercados financieros, la Administración valenciana va encontrar muchas dificultades para lograr financiación incluso para la deuda ya autorizada y prevista y la renovación de vencimientos.
Todo indica además que será complicado cumplir con los objetivos de ajuste, toda vez que los recortes en la empresas públicas no llegarán hasta el año que viene.
Nuevas estructuras
Verdeguer negocia el ajuste empresarial
Sin prisa pero sin pausa. Así parecen enfocar los dos responsables económicos de la Generalitat el proceso de ajuste y reequilibrio presupuestario de las cuentas autonómicas. El conseller de Economía, Enrique Verdeguer, ha comenzado a negociar con los distintos consellers los recortes en las empresas públicas y entidades de derecho público sobre los que tienen competencias. El objetivo es reducir al menos en 400 millones el presupuesto conjunto, un recorte que, según fuentes del Consell, ya tendrá reflejo en los Presupuestos de la Generalitat para 2012. El secretario autonómico para el Sector Público Empresarial, Bruno Broseta, está trabajando en la configuración de la Corporación Empresarial Pública de la Generalitat que aglutinará a empresas, entes y fundaciones para coordinar su reestructuración. Verdeguer declaró la pasada semana que la corporación comenzará a funcionar ya constituida en marzo del año que viene. Su intención es que en ella tengan representación todas las consellerias. La presidencia de esta nueva estructura paraguas o "holding" podría recaer en la vicepresidenta, Paula Sánchez de León. Este órgano será el que decida fusiones o cierres de empresas. V.R.
