Los pequeños inversores que se han visto atrapados por la delicada situación que atraviesa la CAM empiezan a tomar medidas para defender su dinero, temerosos de que la solución que el Banco de España busque para la entidad no tenga en cuenta sus intereses. Por una parte, algunos titulares de cuotas participativas están emprendiendo las primeras acciones al considerarse perjudicados por la decisión de los nuevos administradores de suspender la amortización de estos títulos y también al estimar que las cuotas pudieron salir al mercado sobrevaloradas; y, por otra parte, compradores de participaciones preferentes de la caja están denunciando ante las asociaciones de consumidores las dificultades para recuperar la totalidad de sus ahorros y que no se les advirtió de los riesgos que conllevaba este producto.
En el primero de los casos, el despacho del abogado alicantino Carlos Valdés ya ha remitido a la CAM al menos una decena de requerimientos notariales de otros tantos poseedores de cuotas participativas denunciando las pérdidas que han sufrido y reclamando explicaciones por esta situación. En estos requerimientos también se solicita una serie de documentación a la entidad y se anuncian posibles acciones legales para exigir el dinero perdido.
Por un lado, estos inversores consideran que los nuevos administradores debieron comunicar con mayor antelación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su decisión de anular la recompra de los títulos para que pudiera suspender su cotización antes. Así se habría evitado, en su opinión, al menos parte del desplome que sufrieron las cuotas.
Fue el 21 de julio, un día antes de la nacionalización, cuando el consejo de administración de CAM anunció que amortizaría las cuotas a un precio de 4,77 euros. Aunque se trata de una cifra un 18% inferior al de su debut en la bolsa, en julio de 2008, los entonces responsables justificaron su decisión precisamente para evitar que los inversores sufrieran mayores pérdidas ante la próxima intervención de la CAM.
Sin embargo, la operación hubiera supuesto para la caja un desembolso de 238 millones de euros, una cantidad más que notable en la actual situación de la entidad. De hecho, incluso los mercados dudaban de que el acuerdo fuera a hacerse efectivo y a lo largo de agosto las cuotas ya perdieron una buena parte de su valor. Los augurios se cumplieron y los nuevos gestores nombrados por el Banco de España hicieron público el pasado 24 de agosto que dejaban sin efecto el acuerdo. Los títulos cayeron un 61% en sólo dos días.
Una inversión no asegurada
Lo cierto es que, al tratarse de valores similares a las acciones, los compradores de las cuotas no tienen asegurada ninguna parte de su inversión y pueden perderla en su totalidad. Por este motivo, quienes reclaman deben argumentar que ha habido alguna irregularidad, más allá de la decisión de no recomprar los títulos.
Así, este grupo de inversores también reclama, ante los datos que se están conociendo, que se investigue si los directivos de entonces mintieron sobre la situación real de la caja en el momento de la emisión, lo que habría provocado que los títulos saliesen al mercado con un precio mayor de su valor real.
Estos no son los únicos poseedores de cuotas que han empezado a emprender medidas. A este respecto, la pasada semana la Asociación de Impositores Valencianos de la CAM también anunció la convocatoria de una asamblea el próximo día 20 en Valencia para tratar de tomar algún tipo de acción conjunta.
Por su parte, desde la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) de Alicante señalan que en la última semana han recibido al menos una docena de quejas relacionadas, en este caso, con las participaciones preferentes que emitió la CAM, según explica su portavoz, Pedro Pérez. Los ahorradores que quieren recuperar su inversión se están encontrando con dificultades que no esperaban "ya que a muchos no se les explicó bien en qué consistía este producto", según Pérez.
A diferencia de un depósito a plazo, donde el inversor puede recuperar su dinero aunque sea pagando una penalización, las preferentes son valores emitidos a perpetuidad y, para recobrar la inversión, hay que encontrar un comprador dispuesto a pagar por ellas. En las actuales circunstancias se trata de una tarea casi imposible y los pocos inversores interesados en comprar exigen descuentos de más del 40%.
"Se trata de un producto para inversores de riesgo, no adecuado para todo el mundo, pero las entidades las comercializaron entre pequeños ahorradores sin informarles correctamente", asegura el delegado de Ausbanc.
En los últimos años, bancos y cajas realizaron numerosas emisiones de preferentes para captar capital que, además, les permitía reforzar sus ratios de solvencia. En la actualidad han caído en desuso porque la nueva normativa las penaliza y ya no permite incluirlas entre el capital de máxima calidad. Entre los años 2001 y 2009, la CAM colocó en el mercado más de 1.400 millones de euros en este tipo de valores.
