La presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, aseguró que los indicadores económicos de CajaMediterráneo (CAM) -un total de 1.136 millones en pérdidas en el primer semestre del año y un 19% de morosidad, el triple de la media- evidencian que "la gestión de la caja alicantina no ha sido la más apropiada lo que ha desembocado en la actual situación". Luisa Pastor fue la única dirigente del PP que rompió el mutismo oficial de la cúpula popular y del Consell mientras la oposición aprovechó, nuevamente, para pedir una investigación parlamentaria y solicitar, al tiempo, la comparecencia en las Cortes de los apoderados judiciales que relevaron al frente de la entidad alicantina al consejo que presidió Modesto Crespo hasta finales de julio.

"A mi me gustaría, creo que a todos, decir que la caja puede continuar adelante sin ningún problema, que no se van a perder los puestos de trabajo, que la obra social se va a mantener... Pero, desde la honestidad y la transparencia, tengo que decir que parece difícil que eso vaya a ocurrir", apuntó la presidenta de la Diputación. Fue la única dirigente del PP que valoró el escenario de la entidad. Tanto el mandatario provincial del PP, Joaquín Ripoll, como desde la cúpula regional rehusaron realizar comentario alguno. Tambien rechazaron analizar las turbulencias de la caja desde la conselleria de Economía, recordando que la posición de la Generalitat es de "respeto" desde que se produjo la intervención del Banco de España.

La oposición, sin embargo, aprovechó, una vez más, para exigir responsabilidades por la gestión de la entidad. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Elena Martín, calificó la situación de "alarmante". "Es un disparate y una barbaridad. La CAM es un juguete roto del PP, que han destrozado y tirado a la basura", apuntó Martín que, además, recordó la exigencia del grupo socialista en las Cortes de poner en marcha una comisión para investigar la gestión de la CAM, una iniciativa en la que también coinciden desde EU. Ana Barceló, secretaria provincial del PSPV, por su parte, se comprometió a continuar luchando por el mantenimiento de los puestos de trabajo en la entidad y de la obra social de la caja de ahorros.

Mireia Mollá, diputada de Compromís, por su parte, tildó la gestión de la CAM de "absolutamente insostenible", pidió una investigación política y judicial, explicó que su grupo ya ha registrado una petición para que comparezcan en las Cortes los administradores judiciales y anunció que se personarán en cualquier proceso penal que se derive.