El Banco de España se inclina por llevar ante los tribunales la gestión de la CAM

La demanda, de concretarse, se dirigiría contra los equipos directivos encabezados por Roberto López y Dolores Amorós, el presidente Crespo y los consejeros de los últimos años

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Modesto Crespo, expresidente, Roberto López, exdirector general, Ángel Martínez, exvicepresidente primero, y Armando Sala, exvicepresidente tercero, en primera línea y de izquerda a derecha, en una foto de archivo durante una asamblea general de la entidad.
Modesto Crespo, expresidente, Roberto López, exdirector general, Ángel Martínez, exvicepresidente primero, y Armando Sala, exvicepresidente tercero, en primera línea y de izquerda a derecha, en una foto de archivo durante una asamblea general de la entidad.  rafa arjones
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G. B. ALICANTE Mes y medio después de que el Banco de España, el pasado 21 de julio, decidiera intervenir Caja del Mediterráneo, poniendo fin a 135 años de historia, el supervisor se muestra cada vez más decidido a llevar a los tribunales la gestión del equipo directivo de la caja alicantina encabezado por Roberto López, primero, y durante los últimos meses por María Dolores Amorós, así como la actuación del que fue hasta la intervención presidente de CAM, Modesto Crespo, y de los consejeros que han formado parte del máximo órgano de gobierno de la institución en los últimos años, por entender que pueden haber incurrido en irregularidades.

La denuncia ante los tribunales, de llevarse finalmente a cabo como todo a día de hoy indica que ocurrirá, aleja la posibilidad de una rápida adjudicación en subasta de la caja, dada la complejidad que los interventores nombrados por el Banco de España y los auditores externos están encontrando en la revisión de las cuentas de la entidad y de algunas de sus operaciones, además del propio volumen de ésta, que no en vano llegó a ser la cuarta caja de España, con unos activos cifrados en 75.000 millones de euros y unos depósitos que sobrepasaban los 42.000.
No sería ésta la primera vez que los gestores de una caja intervenida acaban en los tribunales. Así ocurrió ya en el caso de la Caja de Castilla-La Mancha, que por el momento se ha saldado con multas de variado montante y con una sanción de 150.000 euros, junto a una inhabilitación por tres años, al que fuera presidente ejecutivo de la citada entidad, Juan Ignacio Hernández Moltó.

Los interventores del Banco de España en la CAM están yendo más lentos de lo que ellos mismos preveían en la revisión de su contabilidad, hasta el punto de que si al principio se habló de una rápida adjudicación de la caja al mejor postor antes de que acabara septiembre, ahora algunas fuentes dudan de que la entidad alicantina sea enajenada este año.

Aunque poco ha trascendido hasta el momento de los hechos concretos en los que se basaría la denuncia del Banco de España, algunos de ellos estarían relacionados con actuaciones de la caja no sólo no autorizadas, sino expresamente vetadas, por el supervisor, y que sin embargo se llevaron a cabo. En ese sentido, el último episodio estalló la pasada semana, cuando el Banco de España revocó la decisión de la CAM de recomprar las cuotas participativas y obligó a la caja a desconvocar la asamblea que con ese fin tenía fijada para el 16 de septiembre, pero el conflicto venía desde muy atrás, porque según fuentes cercanas al supervisor, tanto la institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez como la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores habían comunicado a la cúpula de la CAM que no permitirían dicha recompra. Las mismas fuentes citan ahora como operaciones realizadas a pesar de no tener autorización y que el Banco de España consintió a "toro pasado", la compra de la entidad mexicana Crédito Inmobiliario, por la que CAM desembolsó 140 millones de euros en su día y a la que el año pasado tuvo que inyectar otros 150 millones, el 80% de su inversión empresarial de 2010.

México es uno de los puntos "calientes" del balance de la CAM. Los interventores del Banco de España desplazados a Alicante aún no han entrado a fondo a revisar las operaciones realizadas por la entidad en los últimos años en el país azteca y Costa Rica, de la mano de Hansa Urbana, de la que posee casi un 25% de las acciones, y de otro grupo empresarial originario de Benidorm, en el que comparte sociedades con participación minoritaria. Tanto Roberto López como Amorós han negado siempre que hubieran actuado jamás a espaldas del Banco de España.

La investigación correspondería a la Audiencia Nacional

Resulta difícil que, de un modo u otro, los tribunales no acaben investigando la gestión de la Caja del Mediterráneo en los últimos años, dado que, al margen del rumbo que finalmente decida tomar el Banco de España, ya hay presentadas al menos tres denuncias ante la Fiscalía y otra más ante la propia autoridad supervisora.
El pasado 17 de agosto, el Colectivo 15M presentó en la Fiscalía de Alicante una denuncia en la que, entre otras cosas, se pedía que se investigasen las inversiones en México de la CAM. El mismo día, el partido Vecinos por Alicante también presentó denuncia, a pesar de que unas semanas antes la Fiscalía había archivado otra que también había interpuesto esta organización. Cinco días después, el 22 de agosto, el autodenominado sindicato Manos Limpias presentó en la Audiencia Nacional otra denuncia contra los gestores de la CAM. De hecho, la Fiscalía de Alicante no ha iniciado ningún procedimiento por ahora precisamente porque existe el precedente de que en el asunto de Caja Castilla-La Mancha el caso le correspondió a la Audiencia Nacional, al realizarse las actividades de la entidad denunciada en distintas provincias. Finalmente, un abogado murciano también ha pedido al BdE que demande a los gestores.

Amorós: "Nadie tiene que asumir ninguna responsabilidad"

La sucesora de Roberto López como máxima ejecutiva de la CAM, María Dolores Amorós, fue preguntada por posibles irregularidades en la entrevista que concedió a este periódico, publicada el 15 de mayo. El diálogo fue el siguiente:
¿Se deberían asumir responsabilidades por la situación de la CAM?
"Creo que nadie tiene que asumir ninguna responsabilidad porque una responsabilidad hay que asumirla cuando hay actuaciones no ajustadas a las normas, al derecho, a la legislación, cuando hay actuaciones ilegales y ese no es el caso en absoluto de ninguna de las actuaciones de esta caja. Todo se ha ajustado siempre a las normas, a los requerimientos y a las recomendaciones de los supervisores. De otra manera, cualquier indicio de actuación irregular hubiera sido investigado, interna y externamente".
¿No hay motivos para que se deban asumir ningún tipo de responsabilidad, ni la dirección ni del consejo?
"No. Insisto, la asunción de responsabilidades se produce cuando hay actuaciones irregulares que pudieran llevar sanciones de carácter administrativo o, incluso, de tipo penal pero no es el caso en absoluto. Nunca esta caja ha actuado en contra de la legislación y ha sido siempre transparente y cumplidora de sus compromisos".

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