"Estaba muerta y nos quisieron vender un vivo". La frase de uno de los miembros del comité ejecutivo de la patronal Coepa, reunido ayer para analizar los últimos acontecimientos que han salpicado la economía de la provincia -CAM, incertidumbre sobre el Corredor Mediterráneo y supresión del regadío para 18.000 hectáreas-, resume el malestar que existe entre los empresarios de la provincia a medida que se van conociendo los números que llevaron a que el Banco de España interviniera Caja Mediterráneo hace hoy una semana. Convocados por el presidente Rafael Martínez Berna el mismo viernes de la nacionalización, y "reconvocados" ayer mismo por teléfono con la consigna de que no faltara nadie (algo inusual en las citas de Coepa), los miembros del comité ejecutivo fueron trasladando sus impresiones sobre la intervención de la caja.
La conclusión fue clara: la mayoría de los empresarios se sienten engañados tras constatar que los números e informaciones que se les trasladaban desde la entidad no se correspondían con la realidad. Copea defendió siempre la continuidad de la CAM pero, según se puso ayer sobre la mesa, desde la caja no se obró con la verdad por delante "bien porque los datos no eran ciertos a conciencia, bien porque los informadores de la caja que nos trasladaban la información a los empresarios tampoco los conocían", según apuntaron ayer al periódico fuentes presentes en la reunión
Tras el intercambio de opiniones (sobre la situación de CAM hubo múltiples intervenciones), el comité optó por el formalismo y por lanzar un mensaje de tranquilidad. En una nota pública, la patronal apoyó la nacionalización "porque garantiza la operativa diaria y sus solvencia, lo que aporta tranquilidad absoluta a impositores y clientes de CAM, ya que es el Estado, a través del Banco de España, el socio mayoritario de la entidad". Para los empresarios, "la presencia de los administradores sirve para poner en marcha todos los mecanismos para sanear y reestructurar la entidad en un breve periodo de tiempo con el fin de dar una solución definitiva a esta situación".
Rechazo al plan del Júcar
Por otro lado, el comité ejecutivo de Coepa mostró su rechazo a la revisión del plan de cuenca del Júcar que prevé la eliminación de 18.000 hectáreas de regadío en las comarcas del Vinalopó y l´Alacantí, lo que provocaría la pérdida de 35.000 empleos. Los empresarios consideran muy grave una decisión que tendría una fuerte incidencia negativa sobre el empleo, "por el hecho de que no querer reconocer el déficit hídrico existente en la Comunidad Valenciana". Coepa -que ya estuvo presente en la cumbre del pasado sábado en Monforte del Cid- anunció que se suma a la moción impulsada por los agricultores y usuarios para que la Confederación Hidrográfica del Júcar "dé marcha atrás en su decisión de dejar sin derecho de riego a las tierras afectadas y que confirme que el trasvase Júcar-Vinalopó servirá para todos los usos (abastecimiento y regadío)".
Los empresarios exigieron también al Gobierno que evite que los agricultores franceses bloqueen la frontera para impedir la libre circulación de personas y mercancías por la Unión Europea.
