El Consell destaca que la intervención garantiza que la entidad conservará su territorialidad y solvencia

Johnson, que hizo estas declaraciones tras asistir en l'Alfàs del Pi a un acto organizado en la Fundación Frax, situada en el Albir, indicó que "desde el Consell se ha seguido el proceso que se sigue en estos casos" y que este caso "es una garantía" de que la caja alicantina mantendrá "su territorialidad" y "solvencia".

Según la portavoz, desde el Consell se han mantenido "muchas reuniones" y un "permanente contacto con el Banco de España".

Sobre si la Generalitat Valenciana ha pedido a los nuevos administradores que, tras la nacionalización de la caja, se mantengan los actuales puestos de trabajo y la Obra Social, Johnson ha apuntado que "de esos aspectos aún no se ha hablado".

Por su parte, el grupo parlamentario de EUPV presentó ayer la petición de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas al considerar la necesidad "de exigir responsabilidades políticas por la situación de la caja", postura que también mantienen los representantes de Compromís.

En esta comisión Esquerra Unida pide que comparezcan todos los directivos nombrados por las Cortes, así como los altos cargos de la Generalitat "que han tenido relación con la política de inversiones tan nefasta que ha llevado a la caja a ser intervenida y posteriormente vendida al mejor postor", subrayó el diputado autonómico de la formación Lluís Torró.

"Rendir cuenta"

Para Esquerra Unida, los responsables políticos y técnicos de la CAM "tienen que rendir cuenta de su gestión para aclarar en qué medida los proyectos inmobiliarios y las inversiones politizadas de escasa solvencia de los últimos años han sido determinantes para arruinar la entidad", señala Torró en un comunicado.

"No se entendería de ninguna de las maneras que el PP nos rechazara esta comisión aquí, cuando en Castilla La Mancha el mismo partido la pidió. Esperamos una respuesta positiva y que los otros grupos de la oposición estén a la altura". Esquerra Unida considera que la comisión de investigación "tendría que servir para analizar la rentabilidad social de los llamados 'procesos de fusión fría' mediante los cuales las cajas de ahorro públicas -como Bancaja o la misma CAM- son privatizadas después de ser saneadas con dinero público, lo cual no garantiza ni siquiera la supervivencia futura de dicha sociedad privada".

La diputada autonómica de Compromís, Mireia Mollà, afirmó ayer, por su parte, que los responsables de que los alicantinos hayan perdido la CAM como caja de ahorros "deben ahora asumir responsabilidades y dar explicaciones", según informó en un comunicado la coalición política. Para Mollà es "evidente" que los problemas que han afectado a Caja Mediterráneo no responden sólo a la actual crisis financiera internacional, sino también "a la nefasta administración que han llevado a cabo sus directivos".

Prueba de ello, según dijo, es el hecho de que el ya expresidente, Modesto Crespo, cobrara más de 300.000 euros anuales por ejercer un cargo que tiene carácter meramente representativo, y por el que sus antecesores en el cargo no han percibido ninguna retribución. "El caso de este sueldo desmedido y poco ético que cobraba Crespo es sólo un ejemplo", señaló la diputada autonómica.

Unidad de acción sindical

Por su parte, todos los sindicatos con representación en la CAM -Sicam, UGT, CGT, CC OO, Alta, Csica y Vietnamita- decidieron ayer dejar a un lado sus diferencias y actuar unidos en esta ocasión para defender a la plantilla de la entidad. Sus principales reivindicaciones son la de que se garanticen los empleos en la caja; que todo el proceso de subasta y adjudicación se realice con la mayor transparencia; y también "que se depuren las responsabilidades que puedan existir", según afirmó Manuel Navarro, secretario general del Sicam. Navarro entregó por la mañana un escrito reclamando una reunión con el Banco de España para tener información "de primera mano" y señaló que, "lo más importante es que los clientes y la plantilla estén tranquilos".

Isidro Grao, de CC OO, insistió en la necesidad de que se sepa "realmente cuál es la situación de la caja" y "por qué se ha llegado hasta aquí". Así, también insistió en que los responsables deben pagar por el daño que se ha provocado a la entidad.

También desde este sindicato, su secretario general en la Comunidad, Francisco Molina, atribuyó ayer la intervención de Caja Mediterráneo por el Banco de España a la "gestión ineficaz" de sus antiguos órganos de gobierno, los cuales han sido sustituidos por nuevos administradores designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Por último, también UGT reclamó el mantenimiento de todos los puestos de trabajo tanto en la caja como en sus numerosas empresas participadas.