Los administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tienen muy claro que el excesivo riesgo crediticio asumido por la CAM es su principal problema. Por eso, una de sus primeras medidas ha sido la de mandar que se revisen todos los préstamos que estaban en proceso de tramitación para cerciorarse de que cumplen con la más estricta normativa en la materia y evitar que acaben agravando la situación de la entidad, según explicaron ayer fuentes conocedoras de la situación.
Esto no significa que estas operaciones no vayan a concederse, sólo que tendrán que superar un examen más riguroso. En este sentido, el objetivo no es restringir la concesión de nuevos préstamos -al fin y al cabo, son el principal negocio de cualquier entidad financiera- sino conseguir mayores garantías de que se recuperará su importe íntegro y que no habrá impagos. En cualquier caso, se trataría sólo de una primera medida a falta de que los nuevos gestores fijen unos criterios definitivo al respecto.
No obstante, para asegurarse de que no se realizaban operaciones poco deseables, los nuevos administradores revocaron ayer, temporalmente, los poderes de los directores de oficina hasta que estos conocieran la nueva política al respecto. Se espera que en 24 o 48 horas se pueda recuperar la normalidad, según las mismas fuentes.
Morosidad disparada
La preocupación de los nuevos responsables de la CAM no es gratuita. La caja acabó el año pasado con una tasa de morosidad del 8,7%, muy por encima de la media del sector, después de que una inspección del Banco de España le obligara a reclasificar miles de créditos. En concreto, por culpa de esta inspección su volumen de préstamos impagados ascendió de 2.513 a 4.654 millones de euros, lo que también le obligó a realizar nuevas provisiones y a consumir casi un tercio de las reservas que tenía guardadas (pasaron de 2.837 millones a 2.011 millones).
Y lo más preocupante es que, a pesar de esa reclasificación masiva, CAM sigue teniendo una enorme exposición al ladrillo. Según la información facilitada por la propia entidad para las pruebas de resistencia europeas, los créditos concedidos a promotores y los inmuebles y terrenos que la caja tiene adjudicados por impagos suman casi 17.400 millones de euros, lo que supone el 24% de todo su balance.
Este excesivo riesgo podría acarrear a la caja unas pérdidas en el futuro inmediato que superarían los 3.000 millones de euros largos, según fuentes del sector financiero, una cantidad que habría que sumar a los 2.800 millones de euros que ya necesita la caja para alcanzar los nuevos mínimos de solvencia fijados por el Gobierno.
Por este motivo, no es de extrañar que los administradores del FROB quieran evitar seguir acumulando nuevos riesgos y hayan fijado el control de los créditos como una de sus prioridades, lo que también podría afectar a la refinanciación de la deuda que algunas promotoras mantienen con la entidad.
Hansa Urbana
Entre estas últimas, el caso más llamativo es del de Hansa Urbana, de la que CAM también es accionista, con un 30% de sus títulos. La compañía de la familia Galea estaba en proceso de renegociación de una deuda de 250 millones con un "pool" de entidades. De esta cantidad, 114 millones corresponden a créditos pendientes con Caja Mediterráneo, por lo que su conformidad es necesaria.
Hansa pretendía rebajar la deuda mediante la entrega de parte de sus activos en México, donde mantiene varia promociones, pero el acuerdo no estaba cerrado, por lo que ahora serán los nuevos administradores de CAM lo que deban decidir si lo aceptan o lo rechazan. El director general de la firma, Juan Rafael Galea, expresó ayer su confianza en llegar a un acuerdo con los nuevos gestores ya que, según apuntó, el Banco de España era conocedor de las negociaciones que se estaban realizando. De momento, eso sí, deberá esperar a que se tranquilice algo la situación para poder reunirse con ellos.
