Tras una de las peores semanas que ha vivido la CAM, ante la negativa del FROB a concederle ayudas en forma de préstamos para evitar su nacionalización y el suspenso en las pruebas de resistencia europeas, el consejo de administración de la entidad fue ayer incapaz de tomar ninguna iniciativa sobre su futuro o de consensuar un mensaje claro y rotundo de defensa de la misma. Lejos de reforzar la unidad, los últimos acontecimientos han ahondado aún más la división existente en el órgano de gobierno de la caja, lo que atenaza su funcionamiento ya que nadie se atreve a plantear votaciones sobre temas espinosos por temor a perderlas.

En este sentido, la contestación a las actuaciones del presidente de la caja, Modesto Crespo, es cada vez mayor hasta el punto de que una docena de consejeros -incluidos los vicepresidentes Benito Nemesio y Armando Sala- firmó la pasada semana un documento solicitando la convocatoria de un consejo extraordinario, aparte de la reunión ordinaria que se celebró ayer, tal y como avanzó INFORMACIÓN.

Entre las pretensiones de este grupo se encuentran la de recurrir la negativa del FROB; elaborar un convenio que regule las relaciones entre la caja y el nuevo Banco CAM al que transferirá todo su negocio financiero; y también el nombramiento de nuevos representantes de la entidad en el consejo de administración de este banco, que en la actualidad forman el propio Crespo; la directora general de CAM, María Dolores Amorós; el ex director general de la caja, Roberto López; el empresario Ginés Pérez; y el abogado Juan Martínez.

Ante el desafío, el presidente de la caja aceptó incluir algunos de estos temas durante el encuentro de ayer, pero sin celebrar ninguna votación que le comprometiera y que pudiera dejarle en minoría y provocar una crisis en la entidad. También prometió la convocatoria de un consejo extraordinario, como reclamaban los críticos, que podría desarrollarse el próximo jueves, aunque aún no hay convocatoria oficial.

Prudencia

Así, sobre la posibilidad de recurrir la decisión del FROB de denegarle la concesión de parte de las ayudas previstas por la vía de las participaciones preferentes -un mecanismo similar a un crédito-, el presidente de la CAM reclamó "prudencia" y señaló que no era el momento adecuado para enfrentarse de esa forma al Banco de España. El temor, tanto de Modesto Crespo, como de la dirección de la caja es que un pronunciamiento en este sentido acabe provocando la reacción opuesta: que el supervisor financiero decida inyectarle inmediatamente los 2.800 millones de euros que necesita para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia del Gobierno y destruya la última oportunidad de la caja para evitar su nacionalización, que es encontrar un socio privado en los próximos días. Aunque se trata de una misión casi imposible, la cúpula de la entidad todavía no lo descarta.

Crespo encontró ayer apoyo a sus tesis en el vicepresidente murciano, Ángel Martínez, y también en el consejero socialista Jesús Navarro, que tampoco consideraban conveniente un enfrentamiento de este tipo con el supervisor financiero español en la situación actual. Al final, se decidió aparcar el tema, aunque sin descartar retomarlo más adelante.

En este sentido, algunos de los consejeros consultados ya admiten sin tapujos que la mejor opción en estos momentos es que el FROB entre en el accionariado de la entidad, aunque eso suponga que tome el control de la misma y pueda relevar a los actuales gestores. Consideran que, de esta forma, la caja conseguiría una estabilidad de la que ha carecido en los últimos meses y que sería beneficioso para la tranquilidad de los clientes y también de cara a los mercados.

En cuanto a la exigencia de un decálogo o convenio que regule las futuras relaciones entre la caja y su banco filial, desde la dirección se explicó que ya había una comisión en marcha para tratar el asunto y que próximamente se planteará una propuesta al respecto, por lo que tampoco se aprobó nada concreto sobre este asunto.

El tema que no llegó a abordarse directamente durante la reunión de ayer fue la posible sustitución de los actuales representantes de la caja en el Banco CAM o la ampliación de su consejo de administración para dar cabida a otros nuevos, según las fuentes consultadas. No obstante, tanto el presidente como una parte del consejo de la caja consideran que se trataría de una decisión "sin sentido", ya que la entrada del FROB o de un inversor privado obligaría a volver a modificar este organismo.

Además, como recordaba un consejero contrario a los nuevos nombramientos, "el Banco de España ha insistido en que quiere a técnicos en la cúpula de los nuevos bancos".

Pruebas de solvencia

Al final, en el comunicado oficial que remitió la entidad a los medios, la única referencia a los asuntos de actualidad que afectan a Caja Mediterráneo fueron unas escuetas líneas reiterando la versión oficial sobre el suspenso en las pruebas de solvencia europeas. En él, la directora general de CAM, María Dolores Amorós, se limitó a señalar que, pese al resultado, la caja no necesitará captar capital adicional -aparte de los 2.800 millones del FROB- ya que los 947 millones de déficit que arrojan los tests de estrés se cubrirán con los más de mil millones de provisiones anticrisis con los que cuenta la entidad.

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Las cuotas acusan el suspenso

Las cuotas participativas de Caja Mediterráneo acusaron ayer el golpe del suspenso de la entidad en las pruebas europeas de solvencia. A pesar de la insistencia de la propia caja, del Banco de España y del Ministerio de Economía de que esta mala nota no implica que la caja deba captar más capital -aparte de los 2.800 millones ya previstos del FROB- nada más abrir los mercados los valores de la CAM se desplomaron un 8,68%. Sin embargo, a medida que avanzaba la sesión las cuotas fueron recuperando terreno e incluso llegaron a están en cifras positivas sobre las dos de la tarde. No obstante, al final cerraron la sesión en 4,55 euros, lo que supone un 1,3% menos que el pasado viernes. La CAM es la única caja que posee cuotas participativas, unos títulos similares a las acciones pero que no otorgan a sus propietarios derechos políticos. Tras marcar su máximo el pasado mes de noviembre (7,37 euros) el 20 de junio llegaron a su mínimo, 4,21 euros. d.n. alicante